Versión superficial sobre la informalidad laboral

Es indudable que en Bolivia alrededor del 80% de los trabajadores forma parte del sector informal, dato que es considerado inclusive en reportes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero desde el oficialismo, se trata de negar la realidad y minimizar un problema que afecta a millones de bolivianos.
Al respecto, hace poco en el taller “Futuro del trabajo y nuevas dinámicas del empleo en las Américas”, realizado en San José de Costa Rica, la Ministra de Trabajo de Bolivia afirmó “que la tasa de trabajo informal en Bolivia es provocada por la empresa privada; que no registra sus contratos y relaciones laborales”. Ante declaración tan superficial, el empresariado nacional consideró que culpar a dicho sector del problema laboral es injusto e inaceptable.
Y es que, según el sector empresarial el problema es estructural y deviene de hace muchos años, el cual se agrava por las actividades económicas irregulares y las políticas salariales gubernamentales carentes de equilibrio, lo que impide crear y mantener empleos que sean dignos.
En ese sentido, uno de los factores que provoca la desaparición de empresas formales es el constante crecimiento del contrabando de toda clase de mercaderías, actividad que favorece al sector ilegal, en desmedro de las arcas nacionales, porque evade la tributación que sí se exige sin contemplaciones a la industria legal. En este caso, al margen de algunos decomisos cada cierto tiempo, la lucha contra este mal es insuficiente, por lo que varias empresas se ven obligadas a reducir sus operaciones o cerrar sus puertas. En consecuencia, muchos de los empleados cesados se ven obligados a engrosar las filas del comercio ilegal.
Por otra parte, el gobierno de turno atiende sin reparos las demandas de aumento salarial de la Central Obrera Boliviana (COB), a pesar de que la situación económica del país es crítica. Por ello, aumentan las cargas sociales sin que previamente se haya hecho un análisis profundo sobre si están en condiciones de cumplir todas las empresas formales de diferente tamaño y producción.
Tampoco se puede olvidar que la creación de empresas estatales implica una competencia innecesaria para otras similares que están en manos privadas y que más bien requieren apoyo para crecer y originar más empleos. Lo peor es que muchas de las empresas públicas no dan ganancias y son mantenidas a pesar de constantes pedidos de la población para reducir su cantidad y destinar los recursos económicos que las mantienen para atender otras necesidades más urgentes.
Finalmente, miles de nuevos profesionales o técnicos en varias especialidades se ven imposibilitados de conseguir empleos en empresas privadas porque el número de ellas está en permanente disminución. Y si desean optar por cargos públicos, no lo pueden hacer si no cuentan con aval político del partido en función de gobierno.
Como se advierte, el problema de la informalidad laboral en nuestro país tiene varias causas y merece un estudio detallado y hasta autocrítica en el oficialismo. En todo caso, en vez de declaraciones superficiales se requiere medidas eficaces para reducir la informalidad.