ALP nunca debió acatar fallo que paralizó la preselección

Tras la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de revocar el fallo que paralizó la preselección y anuló el proceso de las elecciones judiciales, el jefe de bancada por Comunidad Ciudadana en Diputados, Enrique Urquidi, señaló que el Parlamento nunca debió haber acatado esa disposición y anunció que se continuará con esta labor porque se trata de una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Reiterando que, para la principal fuerza política de oposición en el Parlamento, todos los actos de Magistrados prorrogados sus cargos, es nulo, por tratarse de autoridades que usurpan funciones desde el mes de enero de la presente gestión, Urquidi sostuvo que existe un objetivo detrás de esta resolución, “lavar la cara de los usurpadores” que abusan del poder con fines políticos.
El legislador de oposición, recordó que la posición de CC siempre fue el rechazo a la paralización de la preselección, por tener como origen un fallo proveniente de un ente ilegal y carente de legitimidad.
“Desde un principio sostuvimos que la Asamblea Legislativa jamás debió acatar una resolución como la que fue producto de la Acción Popular en Cobija, la Asamblea debió continuar con el proceso de preselección. Ahora nosotros vamos a reivindicar el rol del Legislativo a través de las Comisiones Mixtas”, anunció.
En ese sentido, Urquidi puntualizó que es la Asamblea Legislativa Plurinacional el Órgano encargado de definir los criterios y la ruta crítica para terminar el proceso de preselección, mismo que garantice la realización de las elecciones judiciales en esta gestión, trabajo que no puede ser “tutelado” o direccionado por ningún otro Poder.
Negando que la continuidad del proceso de preselección signifique algún tipo de acatamiento a las disposiciones, una instancia observada como el TCP, el asambleísta de oposición insistió en que el objetivo ahora es cumplir con el mandato de la Carta Magna al Parlamento.
“El mandato constitucional para la Asamblea es claro, tenemos que realizar la preselección para que posteriormente el Tribunal Electoral organice las elecciones judiciales”, afirmó.
Sobre los plazos y la posibilidad que este proceso se cruce con la realización de las elecciones primarias, impidiendo nuevamente su avance, Urquidi apuntó que será trabajo de las Comisiones encargadas de la preselección aplicar ajustes a los plazos ya establecidos, así como será necesario que la ALP analice la posibilidad de descartar las Elecciones Primarias.
“Está claro que hay que hacer un ajuste de los tiempos, tarea para las Comisiones Mixtas (…). La prioridad número uno para el país es tener elecciones judiciales, y si en el escenario de las consideraciones, eventualmente se tiene que dejar de lado las Primarias, por supuesto que lo haremos, previo debate en la Asamblea”, puntualizó.
El jueves, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que paralizó la preselección y anuló el proceso de las judiciales el pasado 30 de abril.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, de conformidad con el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: revocar en todo la Resolución 004/2024 de 30 de abril, cursante de fs. 475 a 493, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada”, refiere parte de la sentencia.
Asimismo, el TCP exhortó a la ALP, a garantizar el derecho constitucional de las mujeres y Naciones y pueblos Indígena Originario Campesinos a participar en los órganos e instituciones del sistema de justicia, así como la igualdad, equidad y paridad de género en la conformación de la institucionalidad del sistema de justicia en sus instancias superiores”.
Desde el oficialismo, el diputado Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara Baja, sostuvo que las Comisiones Mixtas encargadas de la preselección deben ser convocadas para sesionar y así viabilizar la continuidad de este trabajo, paralizado en su fase de exámenes orales y escritos a los postulantes que continúan habilitados.
Jáuregui advirtió, que aun queda pendiente la resolución de los recursos de amparo, presentados por postulantes que observaron los motivos de su inhabilitación y recurrieron a la justicia constitucional para expresar posibles vulneraciones.
El parlamentario del ala “arcista” también explicó que la paralización del proceso de preselección, no fue una decisión de la Asamblea Legislativa, sino efecto de recursos constitucionales que impugnaron este trabajo, por lo que no hubo una conclusión de plazos, sino una suspensión.
“Se tiene que reanudar con la cantidad de días faltantes para concluir toda la fase de preselección, pero también necesitamos tiempo para poder resolver y atender las observaciones de los postulantes que han acudido a salas constitucionales”, indicó.
Ayer, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la continuidad del proceso de preselección se encuentra en manos de la ALP, específicamente en las presidencias de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural, a cargo de los senadores Miguel Rejas y Roberto Padilla, ambos del ala “evista” en el oficialismo.
“Tienen que darle garantías al pueblo boliviano de que son idóneos para desempeñar este cargo, lamentablemente la honorabilidad del señor Rejas está en cuestionamiento por algunos audios que circulan (…), esperemos que no lleguen a la realidad los acuerdos y los diálogos que están en esos audios”, dijo la autoridad.
El presente proceso de preselección paralizado, es el tercero tras dos intentos fallidos en la gestión 2023. Inició en el mes de febrero y se tenía prevista su finalización el día 6 de mayo, con la entrega de las listas de postulantes habilitados al TSE, para que esta instancia organice y lleve adelante la jornada de votación para la elección de nuevas autoridades judiciales.