La Sala Constitucional Primera de La Paz suspendió ayer, sin fecha, la audiencia de acción de cumplimiento en contra del vicepresidente David Choquehuanca. Esta medida cautelar buscaba que el segundo mandatario convoque a la Asamblea Legislativa a sesionar para tratar los proyectos de ley 073 y 075 denominados antiprórroga del mandato judicial.
El vocal Israel Campero, que lidera la Sala Constitucional Primera de La Paz y que suspendió la acción de cumplimiento contra Choquehuanca, también obligó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en los primeros días del presente mes, acompañar al congreso “arcista” del Movimiento al Socialismo que se realizó en la ciudad de El Alto.
La misma Sala Constitucional emitió una resolución por la que se suspendió la interpelación de ministros pese a que el Legislativo tiene la obligación constitucional de fiscalizar al Poder Ejecutivo. Legisladores evistas y opositores advirtieron que el vocal Campero es “funcional” al gobierno del presidente Luis Arce.
La audiencia para la consideración de esta acción de cumplimiento debía realizarse a las 16:00 horas de ayer, pero no se instaló la misma. En ella, los legisladores buscaban que la Justicia ordene la inmediata convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa para tratar los dos proyectos de ley antiprórroga paralizados desde febrero por el ala arcista del MAS.
La bancada del “evismo”, en Cochabamba, denunció que el vocal Campero también fue parte del bloque que desconoció el congreso del MAS-IPSP de Lauca Ñ en una de sus resoluciones recientes.
Desde Comunidad Ciudadana (CC) también denunciaron que Campero trató de perjudicar al frente opositor con una resolución que obligaba a elegir a jefes de bancada en un plazo de 72 horas, ante una resolución interpuesta por los disidentes del bloque naranja.
La propia senadora, Andrea Barrientos (CC), denunció a finales de abril que hubo una serie de excesos en amparos constitucionales interpuestos por candidatos inhabilitados al Órgano Judicial, poniendo como ejemplo que la postulación de Campero, a quien se le otorgó la tutela para que se le suba la calificación en el proceso de precalificación de candidatos.
Además, la líder del colectivo Mujeres Creando, María Galindo, acusó al vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz de favorecer con una detención domiciliaria a un sentenciado por feminicidio.