La Constitución Política del año 2009, en vigencia, producto de una anárquica Asamblea Constituyente, determina las elecciones judiciales por voto popular. El Artículo 182 dice: “Las Magistradas y los Magistrados serán elegidos mediante voto universal”. Esa determinación ha sido puesta en práctica en dos oportunidades y en ambas se presentaron dificultades difícilmente allanadas y sus resultados fueron negativos. Según críticas, tanto de la opinión pública como del gobierno, tales elecciones fueron un fracaso y han sido objeto de los conceptos más duros. Inicialmente, el actual proceso electoral judicial terminó en un enorme cero.
Por ello esa forma de elección no debió repetirse. Pero el año pasado, por tercera vez, se pensó que el sufragio universal de magistrados debía ser llevada a cabo, pero después de casi un año de consideraciones, culminó en otro fracaso. Al parecer, el gobierno y sus seguidores desconocen que los seres humanos siempre cometen errores, pero saben reconocerlos y rectificarlos, para no volver a incurrir en los mismos, pues implicaría estupidez.
A pesar de los rechazos, decidieron volver a cometer el error y ahora el país se encuentra en una encrucijada y posiciones antagónicas que solo serán resueltas por la fuerza. En efecto, luego de que el tratamiento para la nueva elección de magistrados por voto universal fracasó, ahora vuelven las actitudes reaccionarias, como amenazas de medidas de presión. Y es que los fracasos siguen a unos y otros, con empecinamiento. Ese problema se ha convertido en una crisis permanente, sin considerar que el embrollo ya no tiene salida posible y que hay que aplicar la solución del borrón y cuenta nueva, para no caer en un círculo vicioso.
Se observa fácilmente que el nuevo intento de llevar adelante las elecciones judiciales por voto popular, respaldado por el MAS del ala evista y Comunidad Ciudadana, va hacia el abismo inevitablemente, sin pensar que ese procedimiento no es intangible. Pero han sido planteadas soluciones, como convocar a un referéndum que escoja si se debe proceder a una modificación del Artículo 182 y buscar, a la vez, una nueva fórmula verdaderamente democrática y dejar de lado el método ultra democratista establecido en la actual Constitución Política, el mismo que ha dividido al país y lo ha conducido a una situación crítica.
Son, pues, los hechos los que obligan a una salida honrosa y no las propuestas populistas de grupos partidarios que solo son montones de ladrillos rotos. Lo cierto es que el gobierno del MAS, desde el año 2006 desorganizó totalmente al país y el pueblo buscó la solución con la insurrección de 2019. Sin embargo, el intento popular fracasó por falta de visión histórica de sus protagonistas, error que a algunos los ha condenado a la cárcel. Es más, se reanudó la marcha del desastre, como se advierte por la situación en la cual nos encontramos.