CC rechaza persecución contra senadora Barrientos

Luego que la senadora cochabambina, Andrea Barrientos, denunciara la apertura de “múltiples procesos judiciales” en su contra, desde la alianza Comunidad Ciudadana (CC) se rechazó la persecución política que ejerce el poder mediante la manipulación de la justicia, con la finalidad de acallar a quienes ejercen su derecho constitucional de fiscalización.
Ayer, en conferencia de prensa, Barrientos denunció a la Fiscalía Departamental de Cochabamba y autoridades del Gobierno central, por supuestamente haber iniciado una persecución en su contra, mediante la reactivación de procesos que datan del 2019 y con la negativa para cerrar otros casos que carecen de prueba suficientes para acusarla.
“Hasta la fecha me han iniciado múltiples procesos”, denunció la asambleísta de oposición.
Barrientos detalló que uno de los casos en su contra, tiene que ver con la crisis político-social vivida en el país el 2019, luego del fraude electoral, cuando se produjo la quema del Centro de Cómputo del Tribunal Departamental de Cochabamba, hecho en el que las investigaciones no lograron establecer una sola prueba que haga referencia a su supuesta participación.
“A pesar de no haber una sola prueba en mi contra, más de cuatro años y seguimos con este proceso, incluso con una instrucción de una Sala Constitucional que ordenó cerrar el caso. Lamentablemente el juzgado que lleva el caso se empecina en mantenerlo abierto y el Tribunal Departamental Electoral ha vuelto a presentar una objeción al rechazo presentado”, dijo.
Agregó que, a esto debe sumarse una denuncia en su contra por supuesta destrucción de bienes del Estado, presentada por el municipio de Sipe Sipe tras los actos de fiscalización realizados a las obras en el hospital de la localidad de Parotani, donde el fiscal asignado al caso determinó emitir una resolución de rechazo; sin embargo, desde la Fiscalía Departamental se instruyó revocar esta decisión.
En criterio de la legisladora de oposición, estas decisiones se dieron después de haber emitido criterios relacionados a la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, cuando supuestamente desde el Consejo de la Magistratura se instruyó la reapertura de los procesos en cuestión.
“En este escenario, estamos denunciando ante la comunidad internacional y ante medios de prensa que hay una persecución política inminente en contra mía por el proceso de fiscalización permanente que hacemos en contra de la corrupción judicial y en contra de la corrupción del Gobierno”, aseveró Barrientos.
Ante la posibilidad de que esta arremetida judicial se agudice y extienda a más personas de su entorno, la senadora por Cochabamba apuntó al Gobierno y a la Fiscalía Departamental por dirigir represalias contra su labor de fiscalización parlamentaria, sin la existencia de pruebas en su contra.
“Cualquier cosa que me pase, si me meten presa, si hacen daño a mi familia, yo culpo directamente al Gobierno nacional y al fiscal departamental que instruye desde su oficina que se mantengan abiertos mis procesos a pesar de que no existe una sola prueba en mi contra y pese a que tengo inmunidad parlamentaria”, concluyó.
Desde sus redes sociales, el expresidente y líder de la principal fuerza de oposición en la Asamblea Legislativa, Carlos Mesa Gisbert, reprochó que “una vez más” el Gobierno del Movimiento al Socialismo manipule a la justicia con la finalidad de acallar a Legisladores que ejercen su derecho constitucional de fiscalización.
“Es inaceptable el acoso judicial constante contra la Senadora Andrea Barrientos. Vulneran principios procesales básicos, rechazando y reabriendo procesos penales fabricados. No podemos permitir que esto continúe”, expresó el exmandatario.
Por su parte, la senadora paceña Cecilia Requena, a tiempo de solidarizarse con su colega parlamentaria, cuestionó que el actual sistema judicial, y sus operadores, se hayan convertido en todo lo contrario a una justicia imparcial e independiente.
“No nos doblegarán, pese a la grosera manipulación del sistema judicial convertido en lo opuesto a la justicia. Las consecuencias de jueces convertidos en verdugos, las paga el país entero porque un Estado así no es apto para invertir, emprender, trabajar, construir, mejorar o convivir”, sostuvo.