Rechazando las acciones gubernamentales destinadas gobernar mediante Decretos Supremos inconstitucionales, senadores y diputados de la agrupación Creemos, denunciaron ante organismos internacionales que el Órgano Ejecutivo pretende crear un extra poder que pone en riesgo el derecho propietario en el país, mediante el DS 5143, que reglamenta la “Ley de Inscripción de Derechos Reales”.
Mediante una carta remitida a varios organismos internacionales, entre ellos el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, parlamentarios de esta organización política expresaron su preocupación por el continuo avance normativo unilateral del gobierno boliviano.
Al respecto, la senadora Centa Rek, informó que tras una reunión interinstitucional se determinó declarar emergencia, demandar al Órgano Ejecutivo la abrogación de dicho decreto y realizar marchas de protesta desde la próxima semana distintas ciudades del país, en defensa de la propiedad privada y exigiendo que toda normativa sobre Derechos Reales sea viabilice a través de leyes aprobadas por el Parlamento, como estipula la Constitución Política del Estado.
“En las gestiones 2022 y 2023 nuestra Bancada transmitió su disconformidad y preocupación contra un sistemático avance normativo que, bajo el argumento de dar cumplimiento a recomendaciones internacionales, se ponía vigencia Leyes o Decretos Supremos que en su contenido vulneraban derechos despejando cualquier duda sobre las reales intenciones del Gobierno boliviano de sumergir a Bolivia en el totalitarismo y desterrar por completo el Estado de Derecho. Actualmente, el gobierno de Bolivia, bajo un nuevo argumento de actualización y modernización apunta a la intervención de instituciones públicas y que afecta a información reservada sobre el derecho propietario”, señala la carta enviada a la OEA, ONU, HRW, OACNUDH, UE y CIDH.
Una de las principales motivaciones de la denuncia es que DS No. 5143, en su artículo 17 y Disposición Transitoria Tercera dispone la implementación del «Sistema Único de Derechos Reales» en coordinación con la Agetic con objeto de modernizar y regularizar el registro de propiedad, extremo que no se ajusta a la supremacía de la CPE.
Por lo expuesto, se pide que organismos internacionales continúen monitoreando la situación política en el país.