El juicio oral contra los exministros, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga, por los delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes, dentro del caso “gases lacrimógenos”, inició ayer; las tres exautoridades de la gestión interina de la expresidenta, Jeanine Añez, fueron declarados en rebeldía y se pedirán 30 años de prisión, informó ayer la Fiscalía de La Paz.
El fiscal Departamental de La Paz, William Alave, informó que el caso “gases lacrimógenos de Ecuador” fue abierto ayer, en la que están acusados los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, de Defensa, Luis Fernando López, y de Comunicación, Roxana Lizárraga, además del excomandante de las Fuerzas Armadas, Sergio O.C. y el excomandante de la Policía, Rodolfo M.T., entre otros, según señala una nota de prensa de la agencia estatal ABI.
“Hemos sido notificados por el Tribunal Segundo de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, (el cual) dispuso la apertura de juicio oral público, continuo y contradictorio por la internación de agentes antidisturbios en calidad de préstamo desde la República de Ecuador al país en la gestión 2019”, informó Alave.
La Fiscalía Departamental de La Paz pedirá la pena máxima de 30 años de cárcel para los investigados. Además, las exautoridades fueron declaradas en rebeldía. “Se presentó más de 115 pruebas documentales y 48 testificales, entre otros, y se pedirá la máxima sentencia”, explicó el fiscal paceño.
Entre las pruebas colectadas están el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, en el que viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia a recoger los gases y armamentos, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de Ecuador, lo que hace presumir la participación de los acusados, explicó el fiscal Anticorrupción, Bladimir Bolívar.
El caso se remonta a la crisis de noviembre de 2019, cuando Murillo, López y Lizárraga, entre otras personas, se contactaron con la Policía de Ecuador y acordaron que ese país facilite gases lacrimógenos y otros armamentos que ingresaron de manera irregular a Bolivia, según la denuncia de la Fiscalía. El material no letal, usado en las represiones durante los conflictos sociales, llegó en calidad de préstamo.
De acuerdo con la Fiscalía, los agentes químicos prestados fueron 5.000 granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.