Ley prohíbe que invasores de tierras ocupen cargos públicos

Luego de aprobarse el agronegocio en la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la invasión de tierras, tanto rurales como urbanas. El texto del PL 709/23 pone fin a los beneficios de los programas federales para los invasores de propiedades privadas y propone prohibir que los ocupantes ilegales de tierras ocupen cargos públicos.
El proyecto de ley fue redactado por Marcos Pollon, del Partido Liberal (PL) y el ponente Ricardo Salles, exministro de Medio Ambiente del gobierno de Bolsonaro y acusado de exportación ilegal de madera.
La aprobación del proyecto de ley fue una dura respuesta a la movilización del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que en abril, como todos los años, desencadenó el llamado “Abril Rojo”, una movilización que llevó a 32 ocupaciones desde principios de mes hasta la fecha, con la intención declarada de alcanzar más de 50 ocupaciones a finales de abril.
El objetivo es presionar al gobierno Lula en favor de una reforma agraria que el MST reclama desde hace años. El 15 de abril, el presidente presentó el programa “Tierra del Pueblo”, que considera una estrategia para lograr esta reforma.
Queda por ver en qué medida se materializará realmente la reforma agraria en este gobierno. Basta con mirar el presupuesto para este año. Es de 660 millones de reales, 128 millones de dólares, menos que en todos los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula. De 2003 a 2016, primero con Lula y luego con Dilma Rousseff, nunca hubo un momento en que esta cantidad fuera inferior a 2.500 millones de reales.
La Comisión Pastoral de la Tierra advirtió en un informe publicado el lunes que los conflictos en el mundo rural brasileño alcanzaron en 2023 la cifra récord de 2.203, casi un 10% más que en 2022, cuando se contabilizaron 2.193 y el número más alto desde que comenzaron los registros en 1985.
La Pastoral de la Tierra está vinculada a la Confederación Nacional de Obispos de Brasil y es un órgano de referencia sobre la cuestión agraria en el país. Entre los principales delitos registrados, el informe destaca las invasiones ilegales de tierras (359), seguidas de los tiroteos (264) y la destrucción de propiedades (101). Con nada menos que 810 casos, la región norte de Brasil concentra el mayor número de conflictos. Especialmente delicada es la situación en la llamada región Amacro, que abarca 32 municipios de Acre, Amazonas y Rondonia y se convirtió en epicentro del acaparamiento de tierras. La única nota positiva es que hay un descenso de la violencia contra las personas, incluyendo una disminución del 34% en el número de asesinatos, de 47 en 2022 a 31 en 2023. Sin embargo, no faltaron episodios trágicos, como el homicidio de Mãe Bernadete, asesinada a tiros en su casa de Simões Filho, municipio de 111.000 habitantes del estado de Bahía, mientras veía la televisión con sus nietos. (Infobae)