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Investigador Lucio Tito

Bolivia, lejos de la soberanía alimentaria y con moderada vulnerabilidad ante crisis climática

> En las últimas dos décadas, se aprobaron significativos recursos para apoyar la producción agrícola, a la fecha se desconocen los resultados, pero de lejos se observa que fue un fracaso ante la llegada de productos de contrabando.

A pesar de los recursos financieros invertidos en el agro, Bolivia aún se encuentra lejos de una soberanía alimentaria plena y estructural, ubicándose en una situación de vulnerabilidad moderada ante crisis climática, según el investigador y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Lucio Tito.
El experto señala que hay avances parciales, debido a que sólo se logró autosuficiencia temporal en rubros específicos como carnes (res y pollo), azúcar y soya, estabilizando los mercados en años con clima regular.
Sin embargo, las brechas persistentes continúan, ya que el país mantiene una alta dependencia del contrabando e importación de alimentos críticos (como el trigo y la papa), agravada por los bajos rendimientos por hectárea de la agricultura familiar.
Sostiene que hubo una falta de sostenibilidad, es decir que la inversión histórica priorizó la entrega de cemento y maquinaria pesada, descuidando el acompañamiento técnico continuo, la innovación científica y la restauración de suelos degradados, lo que frena el impacto real rumbo al 2030.

Datos
En 2013, el gobierno de Evo Morales promulgó leyes para la inversión agrícola, 176 del Proyecto de Innovación Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (Picar) y la 177 del Proyecto de Innovación y Servicios Agrícolas (Pisa), con el objetivo de incentivar la producción agrícola en Bolivia, de acuerdo con una nota de ANF.
El financiamiento alcanzaba a 79 millones de dólares provenientes del Banco Mundial. De acuerdo con la ministra de Planificación de ese año, Viviana Caro, la Ley 177 permitía financiar al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) para que lleve adelante trabajos de investigación y de mejora de la productividad agrícola mediante transferencia tecnológica, con un financiamiento de 39 millones de dólares.
Mientras la Ley 176, con un financiamiento de 40 millones de dólares, posibilitaría la transferencia de recursos económicos para las comunidades rurales de los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca con el fin de que sean empleados en diversos proyectos agrarios.
Se desconocen los resultados de la inversión, aunque esas leyes son parte de una serie de normas emitidas en el gobierno de Evo Morales y Luis Arce. Además, está el financiamiento de la mecanización del campo, en el que se entregó maquinaria agrícola para esta tarea, pero tampoco se conoce el efecto de la misma.

Gestión de Evo
Morales (2006–2019)
De acuerdo con las publicaciones de prensa, los programas de agua y riego: bajo los emblemáticos programas MiAgua y MiRiego, se destinaron más de 3.100 millones y 1.200 millones de bolivianos, respectivamente para mitigar las causas estructurales de la pobreza rural.
Mientras que el financiamiento externo para el agro, entre 2016 y 2017, alcanzó a 1.233 millones de dólares, de 15 préstamos internacionales destinados a saneamiento, riego y provisión de agua para la producción.
Entretanto, para la modernización y sanidad se gestionó un préstamo de $us 25 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfocado en modernizar los sistemas de sanidad agropecuaria y elevar estándares de producción, en el gobierno de Evo Morales.
Por otra parte, en la gestión de Luis Arce, para un paquete Quinquenal Agropecuario (2021–2025), se aprobó inicialmente una cartera de 10 a 11 programas nacionales de apoyo sectorial (tubérculos, hortalizas, ganadería, piña, algodón, apicultura, entre otros) con un presupuesto asignado de 2.533 millones a 2.768 millones de bolivianos.
Para el Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI), se asignó un presupuesto quinquenal global de 11.017 millones de bolivianos, según publicaciones de prensa.
EL Presupuesto Anual del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) para dar continuidad de proyectos alcanzó a 1.934 millones de bolivianos en 2024 y subió a 1.997 millones para la gestión 2025.
Los datos fueron publicados por medios de comunicación a lo largo de la gestión de Evo Morales y Luis Arce, revelan los millonarios presupuestos y recursos destinados al área rural, a través de los programas que tiene el gobierno para apoyar la producción de alimentos.
A esos hay que sumar el Fondioc (Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas), entidad estatal creada el 22 de diciembre de 2005 mediante el Decreto Supremo Nº 28571, con el objetivo de financiar proyectos productivos y sociales para comunidades campesinas e indígenas.
A lo largo de sus operaciones, desembolsó recursos sin control. Recibió un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Las denuncias sobre financiamiento a proyectos fantasmas, provocó su paralización y en el transcurso de las investigaciones se estimó un daño económico de 360 millones de bolivianos. Los recursos estatales eran transferidos directamente a cuentas particulares de dirigentes y exautoridades, así como se conoció obras inconclusas, a pesar de haber sido canceladas en su totalidad.
En 2026, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua (MDPRyA) proyectó una inversión pública superior a los 2.719 millones de bolivianos para fortalecer la producción rural y agropecuaria.

Cambio de timón
Frente a los fenómenos climáticos, la política agropecuaria debe dar un giro de timón y combinar la tecnología con los saberes ancestrales, con el objetivo de encarar los desafíos que se vienen a futuro.
En ese contexto, Tito indica que la ciencia moderna fracasa con soluciones reactivas ante el cambio climático, mientras que las culturas prehispánicas demostraron hace más de 1.000 años que la clave no es luchar contra el clima, sino estudiarlo, entenderlo y convivir armónicamente con su variación. La tecnología actual debe ser solo un soporte para potenciar esta sabiduría milenaria a través de la ingeniería hidroclimatológica, lectura dinámica del riesgo, biodiversidad resiliente y la micro-regionalización geográfica.
“El primero consiste en optimizar con drones y mapas digitales la construcción de suka kollus y qochas, respetando su diseño original que regula la temperatura y siembra agua sin alterar los ciclos de la naturaleza”, detalla el experto.
El segundo consiste en reemplazar las predicciones meteorológicas rígidas por la sistematización digital de los bioindicadores locales (observación de fauna, flora y astros), permitiendo adaptar los calendarios agrícolas a la variación climática.
El tercero busca frenar la homogeneidad de los monocultivos y usar los laboratorios universitarios para multiplicar las semillas nativas polivarietales, aplicando el principio ancestral de que la diversidad es la única defensa ante eventos extremos.
Por último, el cuarto planea usar sistemas de información geográfica (SIG) para mapear y respetar minuciosamente los nichos ecológicos, adaptando la agricultura al territorio y no el territorio a la agricultura.

Producción
La producción agrícola no alcanza a cubrir la demanda del mercado nacional; por lo tanto, se importa legalmente productos de vecinos países, también ingresan de contrabando parte de los alimentos, lo que abaratan los precios.
A eso hay que sumar la gran migración del campo a las ciudades, lo que reduce la producción de alimentos en el área rural.

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