De acuerdo con el abogado del gobernador electo, Luis Fernando Camacho, no existe “ningún impedimento” jurídico que evite el traslado de la exautoridad hasta la capital cruceña, para que pueda asistir a su juicio por el caso “decretazo”, retrasado para el 11 de abril, según afirmó la defensa legal.
En conferencia de prensa, el jurista informó ayer que se notificó a las partes vinculadas al caso. El 11 de marzo, además, se resolvieron las observaciones de procedimiento que fueron presentadas por la Procuraduría General del Estado (PGE), añadió Martín Camacho.
A ello, se suma el incidente de actividad procesal defectuosa presentada por la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, quien denunció una supuesta falta de notificaciones y que ahora fue resuelta, según el representante legal de la exautoridad cruceña.
“Jurídicamente no hay ningún impedimento, no hay ningún incidente, no hay ninguna notificación que no se haya realizado”, remarcó Camacho, alegando que todos los procedimientos están en orden para que el juicio se lleve a cabo.
Ante la supuesta falta de notificaciones y otras “deficiencias procesales” observadas por autoridades del Gobierno, el juicio no empezó el 11 de marzo, como estaba previsto, sino que fue aplazado para 30 días después.
Por otra parte, la audiencia de Camacho deberá ser presencial en la cárcel de Palmasola. Régimen Penitenciario informó anteriormente que no existían las condiciones para su traslado desde Chonchocoro, lo cual resultó en que no pueda asistir en marzo.
El jurista añadió que el gobernador de Chonchocoro debe ser notificado y deberá además presentar un informe de las razones al incumplimiento del traslado.
Al respecto, el exasesor de la Gobernación, Efraín Suárez, advirtió que el Gobierno busca nuevamente impedir el traslado del gobernador.