El ciudadano uruguayo, Alejandro Melgar, que estuvo encarcelado casi cuatro años en su país y acusado en el caso terrorismo por el gobierno de Evo Morales, consiguió que el Estado de la República Oriental del Uruguay lo indemnice con 230 mil dólares. Además, evitó su extradición a Bolivia.
Melgar fue incluido en el caso de Eduardo Rózsa Flores, quien murió con impactos de bala la madrugada del 16 de abril del 2009, en el Hotel Las América de Santa Cruz, junto a Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. Todos acusados de conformar un grupo irregular de extranjeros para ejecutar acciones deparatistas en el país.
Melgar fue acusado por actos de supuesto terrorismo e intento de magnicidio contra el entonces presidente Evo Morales; sin embargo, la Corte Suprema del Uruguay denegó estas acciones y ahora está a punto de recibir una indemnización, según el diario uruguayo El País.
Melgar dijo a El País que la sentencia es “tibia”. En su demanda accionó contra el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, señalando una serie de irregularidades en el proceso por el que estuvo preso 1.351 días y sometido a medidas de restricción ambulatoria entre el 5 de enero de 2016 y el 26 de setiembre de 2017.
El matutito uruguayo señala que el pasado miércoles Melgar logró su última victoria judicial, que es la cuarta en su objetivo de “limpiar su nombre” y mitigar los perjuicios que ha sufrido a nivel personal y material.
La tramitación se extendió entre 2012 y 2017, y se trató del proceso de extradición más largo de la historia jurídica uruguaya. Se lo acusaba por “actos de terrorismo” e “intento de magnicidio”, cargos de los que fue absuelto en 2020.
Melgar nació en Bolivia y es ciudadano natural de Uruguay por parte materna. Hoy se encuentra radicado en el Estado de Florida, en Estados Unidos, donde ejerce su profesión de abogado y es profesor en la Facultad de Derecho, según el reporte de El País.
MELGAR FUE DETENIDO EN 2012
El 23 de abril de 2012, Melgar fue detenido y conducido a la Cárcel Central en Uruguay. Allí fue alojado con presos comunes. Bolivia requería su extradición para juzgarlo por lo que se denominó “caso terrorismo”, que investigaba la financiación de una presunta célula terrorista con supuestos fines separatistas en Santa Cruz.
“El 15 de abril de 2009 un operativo militar ingresó al Hotel de las Américas y mató a dos húngaros y un irlandés, y detuvo a un rumano y un croata. El gobierno de Evo Morales presionó para trasladar la sede judicial que investigaría los hechos de Santa Cruz hacia La Paz, donde se garantizaba el control político de las investigaciones”, detalla El País.
Entonces, fueron acusados decenas de líderes cívicos y políticos de Santa Cruz, todos opositores al gobierno de Evo Morales. Con el correr de los años todos fueron absueltos, entre ellos Melgar en 2020.
Casi dos años después, el 12 de diciembre de 2014, en Uruguay, a pedido del entonces fiscal Juan Gómez, la jueza de Crimen Organizado, Adriana De los Santos, concedió su extradición pese a las evidentes irregularidades y falta de garantías que ofrecía el proceso judicial en Bolivia.
El 18 de diciembre de 2015 el Tribunal de Apelaciones revocó el fallo y denegó la extradición. De los Santos interpuso casación. Y el 21 de agosto de 2017, la Suprema Corte de Justicia no debió siquiera entrar en el fondo del asunto: le alcanzó con verificar que el juzgado natural de la causa en Bolivia había sido cambiado por decisión política hacia La Paz para denegar la extradición por la transgresión de un principio internacional básico y elemental. (Brújula Digital)