La economía del país, como es de conocimiento público, está seriamente deteriorada. Quienes detentan el Poder, con el respaldo del populismo regional, corroboraron, con sus declaraciones, esa realidad. Aseguraron que el “gobierno no tiene dólares para pagar a sus abogados por laudos arbitrales” (*). Tampoco los empresarios, que promueven empleo, tienen, para impulsar sus actividades.
Nos hacen mucha falta los millonarios ingresos que generaba, en el pasado mediato, la exportación de nuestro gas a Brasil y Argentina. Recursos que fueron dilapidados, alegremente. Ahora estamos muy apretados, en lo que se refiere a los billetes verdes.
La situación de la ciudadanía es más penosa. Situación que fue agravada, recientemente, por los desastres naturales, con pérdida de vidas, de cultivos y la devastación de viviendas, en distintos puntos del país. Los alimentos subieron de precio o escasearon en algunos casos. La moneda nacional ha perdido poder adquisitivo. El transporte público, atentando contra los sectores más vulnerables, pretende imponer sus tarifas, de manera arbitraria. El desempleo, ha incrementado el comercio informal. La pobreza, tiende a profundizarse. Nada bueno nos ha ofrecido el populismo, desde que asumió el Poder hace más de 17 años. Y todavía pretende gobernar Bolivia, desde el 2025, año electoral.
Defender a la ciudadanía, en sus justas reivindicaciones, no es una postura demagógica. Tampoco es una parcialización, con el manido discurso populista. No se trata de apego a determinado color político, sino a la población que soporta las consecuencias de la crisis económica, que se aproxima a la funesta experiencia de los años 80, del siglo pasado. Entonces también se imponía el populismo ineficaz. Y que ningún aprovechador y tramposo se atribuya su representatividad, con fines particulares o buscando perpetuarse en el Poder. Éstos que emiten discurso de odio, división y confrontación. La ciudadanía no tiene matiz político. Pero sabe definir, en el momento más oportuno, el curso de la historia.
La democracia, a más de 40 años de su vigencia, no debe ser un bien disfrutado solo por quienes fueron elegidos para el Legislativo o el Ejecutivo, sino también por el ciudadano común, protagonista principal en procesos electorales. El sistema de libertades, gracias a su decidida participación, fue consolidado. Y tiene derecho a exigir mejores condiciones de vida. Él ha votado, indudablemente, por algunos politiqueros que ofrecían el oro y el moro, pero fue defraudado. Se encaramaron en las principales instancias de la administración pública y se olvidaron de él. Ha recibido, inclusive, un trato displicente de ellos. Sus justas aspiraciones de un futuro prometedor, siempre fueron postergadas. Es una verdad histórica.
En suma: he ahí un pantallazo sobre la coyuntura actual.
(*) “Gobierno no tiene dólares para pagar a sus abogados por laudos arbitrales”. EL DIARIO, La Paz – Bolivia, 9 de marzo de 2024.