Por: Cándido Tancara Castillo
La invasión chilena al puerto boliviano de Antofagasta el 14 de febrero de 1879 fue el origen de la suma de pérdidas y de la impunidad: el vecino país, sin previa declaratoria de guerra se apropió de 400 km de costa del Pacífico de la después llamada Guerra del Pacífico, 1879 – 1884.
En 2013, Evo Morales llevado por un afán optimista presentó una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual buscaba obligar a este país a negociar «de buena fe» la salida «soberana» de Bolivia al mar.
El 1 de octubre de 2018 o 139 años después de la primera pérdida, Bolivia recibió una bofetada en La Haya donde la CIJ, por 12 votos contra tres, concluyó que «Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia». El juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, quien leyó el fallo de la CIJ, matizó la derrota boliviana que «sin embargo, este fallo no debe interpretarse como algo que impida buscar una forma de entablar un diálogo sobre este asunto entre ambas naciones».
A la pérdida del mar, el fallo contrario al país se sumaba la pérdida económica para las exiguas finanzas de los bolivianos. El entonces canciller Diego Pary (MAS) informó el 28 de marzo de 2019 que Bolivia gastó 14 millones 800 mil dólares para atender la demanda marítima que interpuso contra Chile ante la CIJ.
El 2 de abril de 2019, un estudio del analista Julio Linares, con datos del Ministerio de Economía y Finanzas, arrojó un monto mayor. Según publicación del diario Página Siete, en ocho años la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar y que estuvo dirigida por el actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa) ejecutó 138.426.394 bolivianos, lo que equivale a poco más de 20 millones de dólares. Es decir, la demanda costó seis millones de dólares más de lo Pary dijo un mes antes de ese año.
Según información de la Cancillería de Chile, el vecino país gastó en los cinco años de juicio con Bolivia ante La Haya la suma de 24.447.351 de dólares.
Por esta innecesaria demanda contra Chile, Bolivia perdió cinco años, dinero que se podía utilizar en tantas necesidades del país, a eso se suma que los 120 mil kilómetros cuadrados de su territorio arrebatados por los chilenos y los 400 km de costa, ahora solo se podrá reivindicar por la vía del diálogo si el vecino país lo quiere, de lo contrario la opción de La Haya es una carta perdida para siempre. Porque por la vía del diálogo siempre era una vía abierta pero igual que ahora si Chile lo desea.
Cuando transcurrieron seis años de ese revés en la mayor corte judicial del planeta y cuando ya no hay otra opción legal, ninguno de los actores promotores ni secundarios fue enjuiciado por semejante pérdida, más bien fueron premiados con cargos en el Órgano Judicial, diplomáticos y Ejecutivo o sencillamente cruzan por nuestro lado.
No un boliviano, el excanciller chileno Heraldo Muñoz escribió en su cuenta de X que por menos cosas en su país se habrían presentado renuncias o pago de costo político porque el planteamiento ante la CIJ fue «penoso».
«Penoso planteamiento de Bolivia en OEA intentando distorsionar el fallo de La Haya que demolió la demanda marítima boliviana. Por dignidad el Canciller Pary y equipo político boliviano deberían haber renunciado después de la derrota histórica. Evo Morales y nadie ha pagado costos», se lee en cuenta de X de Muñoz del 28 de junio de 2019.
Carlos Mesa, el expresidente y que se desempeñó como vocero de la demanda marítima, dijo el 3 de octubre de 2018 no se debe huir a la «responsabilidad» que dejó la derrota en La Haya. En su cuenta en la red social X, Mesa aseguró que «hoy más que nunca necesitamos claridad de ideas y serenidad de juicio. Aceptar el fallo, aunque nos parece injusto. Encarar el futuro de nuestra relación con Chile sobre esa realidad. No escapar a la responsabilidad que nos toca a cada uno».
En la víspera, el diputado Alberto Astorga de Comunidad Ciudadana propuso juicio de responsabilidades para Evo Morales. «El mejor regalo que podría dar el presidente Luis Arce (hoy) por el 23 de marzo es iniciar juicio de responsabilidades al expresidente Evo Morales es por haber perdido el mar ante el tribunal de La Haya».
También este jueves, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, admitió que «en todo caso, en La Haya, no obstante, de que el fallo no fue favorable, pero reconoce que hay un problema pendiente entre Bolivia y Chile» que es la relación bilateral «en el marco del diálogo que no fue cerrado» en el fallo del 1 de octubre de 2018.
El mismo día en que la CIJ hizo conocer el fallo adverso, el presidente de Chile, Sebastián Piñera (+), aseguró que su país está dispuesto a retomar el diálogo con Bolivia. «Chile está dispuesto, como lo ha estado siempre, a reiniciar de inmediato un diálogo constructivo y de buena fe con nuestro vecino», siempre que Bolivia tenga ese espíritu y actitud de colaboración, aseguró Piñera, reportó La Tercera.
Algo parecido también lo dijo el actual presidente Gabriel Boric, con la diferencia que su país no negocia soberanía ni entrega territorios. «Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país», puntualizó el presidente chileno, aunque remarcó que su país no iba a modificar su postura sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2018.
El mismo año Claudio Grossman, el representante chileno, dijo que su país «ha conversado y seguirá conversando con Bolivia, pero el territorio chileno y su soberanía no están sujetos a conversación».
ARGUMENTOS PERDEDORES DE BOLIVIA
Bolivia cuando nace como país en 1825 su territorio soberano se extendía hacia el occidente hasta llegar al Pacífico. En la costa, su frontera norte era con Perú y la del sur con Chile. En el siglo XIX, Chile contaba con una economía de exportación basada en las salitreras del norte que se extendían por el desierto de Atacama y el sur del territorio peruano.
La verdadera intención de la invasión y posterior declaratoria de guerra de Chile a Bolivia era apropiarse de las ricas zonas donde existían reservas mineras y naturales de gran valor; todo con el apoyo de capitales ingleses que trabajaban con empresarios chilenos.
Aunque Chile invadió porque supuestamente el Gobierno de Bolivia impuso un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado a un contrato privado de transacción, argumentando que violaba un tratado comercial firmado en 1874, según historiadores. Este acuerdo establecía que los bolivianos no incrementarían los impuestos sobre el salitre por 25 años, hasta 1899. El conflicto que se desató involucró a Perú, aliado de Bolivia.
La actual delimitación territorial fue fijada en el tratado firmado en 1904, en el que se afirmaba que la soberanía chilena se extiende hasta la frontera con Perú y la de Bolivia no alcanza a tocar el Océano Pacífico.
En 2013 Bolivia pidió a la CIJ «que obligue a Santiago a negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo», para que la primera recupere su salida marítima. Bolivia en su demanda de 2013 reclamó un acceso soberano al mar, no un mero derecho de paso, según la BBC, lo novedoso de este caso es que no pidió al tribunal de La Haya la devolución de territorios ni la reforma del tratado de 1094.
Evo Morales consideró «política de Estado» demandar a Chile porque la Constitución califica el mar como «patrimonio de la humanidad». Sin olvidar la enorme riqueza pesquera a esa altura del Pacífico. Ante ello, Chile había asegurado entonces ante la CIJ que «Bolivia ha ignorado el contexto de la Guerra del Pacífico y la CIJ no es un tribunal de historia, sino de derecho».
Bolivia, sin embargo, consideró que el acuerdo de 1904 es profundamente injusto e insolidario, y basado en la posición ventajosa de un país que venció al otro. En el siglo pasado vanos fueron los reclamos de conseguir como mínimo un corredor que se extienda desde la frontera con Chile al Pacífico, más un pedazo de costa en la cual desarrollar la actividad industrial y comercial bajo la tricolor.
Por esa razón, la estrategia de Bolivia, que había presentado la demanda en 2013, se basó en varios documentos firmados por los representantes de ambos gobiernos desde el final del conflicto, que también involucró a Perú.
Los más importantes fueron el Acuerdo de Paz firmado entre ambas naciones en 1904, así como un intercambio de documentos que ocurrió en 1951, el llamado «acuerdo de Charaña» de 1975, un memorando de 1961 del embajador chileno en La Paz, Manuel Trucco, y la «Declaración de Algarve» del año 2000.
De acuerdo con Bolivia, en el lenguaje expresado en los documentos mencionados se asume que Chile tenía un compromiso «legal» para negociar una salida y no lo había cumplido. Cada uno de esos documentos fue mencionado en la lectura del fallo del 1 de octubre de 2018, a la vez que fueron desestimados por la Corte. «Los documentos presentados por Bolivia no establecen una obligación de Chile para negociar», destacó el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf en la lectura del fallo de 2018.
Evo Morales había dado las gracias «al pueblo (…) porque siempre permaneció unido», según dijo, poco antes de la lectura del fallo, reportó El País de España. Chile prefirió la cautela. «Hemos escuchado demasiadas cosas del presidente Morales. Escuchemos a los jueces», fue la respuesta oficial antes del anuncio del tribunal.
A la salida de la sede la CIJ, Evo Morales dijo «a pesar de que no hay una obligación de negociar, hay una invocación por parte de la Corte a seguir con el diálogo». Además, «Bolivia nunca va a renunciar a (salir de) su enclaustramiento y va a continuar su empeño para conseguir de nuevo una salida soberana al Océano Pacífico».
Entonces, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que no se trasladó a La Haya a escuchar la lectura, calificó el fallo de «triunfo histórico» e indicó que era un «gran día para Chile y para el derecho internacional». «El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha creado falsas expectativas a su pueblo y nos ha hecho perder cinco valiosos años», dijo el mandatario a los medios.
(Con información de BD/CT/LaTercera/ElPaísdeEspaña/BBCMundo/)