Corrupción para elegir magistrados

La preselección de los más altos representantes de la Justicia boliviana en la Asamblea Legislativa, como paso previo a la votación popular, ha adquirido un aspecto lamentable y es hasta es objeto de creciente y desbordante asombro de parte de la ciudadanía. En efecto, los asambleístas durante meses enfrentaron una cadena de dificultades, a cuál más escandalosas, particularmente al tratar los casos de los créditos externos que el gobierno solicita que sean aprobados, y de los magistrados prorrogados sin respaldo legítimo. En esos trances hubo batallas campales entre diputados –difundida por medios de comunicación–, conducta que pone en entredicho el respeto a su investidura como representantes nacionales. Pero ahora surgió un asunto de mayor magnitud.
Se trata de una denuncia de corrupción sobre diputados miembros de las comisiones calificadoras, que se dice proponen y reciben prebendas para favorecer a los postulantes a magistrados ya escogidos, que serán los candidatos oficiales hacia fines de año, para la elección definitiva de 96 magistrados mediante voto popular. Para proceder en esa forma, se debe señalar que, con anterioridad, más de 700 postulantes fueron purgados, algunos de manera dudosa, de la lista y ahora aparece una denuncia que provoca escándalo y que, si no es esclarecida, terminará en otra frustración.
Pero lo escandaloso es que parlamentarios habrían aceptado favorecer a sus correligionarios, amigos y candidatos a magistrados y hubiesen empezado a maniobrar para que ganen en las calificaciones y sean designados para optar por los votos de los ciudadanos. Es decir que los votantes podrían votar por corruptos.
Por esos y muchos otros aspectos, se comprueba que ese procedimiento de preseleccionar a los candidatos a magistrados en la Asamblea Legislativa, según lo establecido en la Constitución Política en vigencia, seguirá siendo objeto de resistencia y la mayoría de la población puede volver a inclinarse por abstenerse de votar o hacerlo en blanco, como expresión de disconformidad. Así, se habrá echado al basurero alrededor de 200 millones de bolivianos en una elección fallida y el gobierno del MAS quedará más desacreditado.
Finalmente, a pesar de que la elección de magistrados por votación de la población ha fracasado en dos oportunidades anteriores, se continúa con ese procedimiento que puede ocasionar cuoteos. Tampoco desde el oficialismo se quiere tomar en cuenta sugerencias de la opinión pública en sentido de que más bien se debería hacer una reforma parcial de la Constitución Política para encontrar otra vía para contar con magistrados meritorios, lo que implique realmente un cambio profundo en la administración de justicia, la cual ahora está en situación lamentable, sometida al gobierno de turno.