La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a una educación de calidad. Sin embargo, en Bolivia la implementación de la Ley 070 ha generado un menosprecio hacia la educación privada, afectando su autonomía y su capacidad para ofrecer una formación integral a los estudiantes.
Uno de los aspectos más preocupantes es que se impide que la educación privada presente una currícula alternativa a la imposición ideológica que trae consigo la currícula oficial. Cada institución educativa tiene su propio enfoque pedagógico y valores que desea transmitir, pero la Ley 070 limita esta libertad, al imponer una currícula única. Esto no solo coarta la diversidad educativa, sino que también vulnera el derecho de los padres de familia a elegir la educación que desean para sus hijos.
Otro punto a destacar es el impedimento por parte del gobierno a subir las pensiones desde el 2018, a pesar de que el haber básico sí ha presentado un incremento. Esta situación afecta directamente a las instituciones de educación privada, ya que deben hacer frente a los constantes aumentos en los costos de operación, sin poder ajustar las pensiones. Esto pone en riesgo la sostenibilidad económica de estas instituciones y atenta contra la calidad educativa que proponen.
Además, el Estado boliviano ha recurrido a constantes amenazas de sanciones y multas al supuesto incumplimiento de sus imposiciones ideológicas y económicas. Esta situación genera un clima de incertidumbre y temor en las instituciones educativas privadas, que se ven obligadas a acatar normas impuestas, sin tener la oportunidad de expresar su opinión o buscar opciones que se ajusten a sus principios y necesidades.
Es importante mencionar que, pese a estas restricciones y al menosprecio del Estado hacia la educación privada, cada vez más padres de familia están optando por la educación privada como alternativa a la educación estatal. Buscan brindar a sus hijos una formación de calidad que se ajuste a sus valores y que garantice un mejor futuro. Esta tendencia no es fortuita, sino una consecuencia directa de las limitaciones impuestas por el Estado y la falta de respuesta a las necesidades educativas de la sociedad.
En conclusión, el menosprecio del Estado boliviano hacia la educación privada, a partir de la implementación de la Ley 070, ha generado una serie de obstáculos que afectan su autonomía y su capacidad para ofrecer una educación de calidad. La imposición de una currícula única, la falta de ajuste en las pensiones y las constantes amenazas de sanciones y multas son muestra de un trato injusto hacia las instituciones educativas privadas. Es necesario que el Estado reconsidere estas medidas y promueva un diálogo constructivo que permita el desarrollo de una educación diversa, inclusiva y de calidad. Solo así podremos brindar a las futuras generaciones las herramientas necesarias para construir un país próspero y equitativo.
El autor es teólogo, escritor y educador.