Políticas estatales entregan el futuro de minería boliviana a manos privadas

El sobredimensionamiento de las plantas de Vinto y Huanuni es una muestra de la ausencia de políticas y planificación por parte de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) para reactivar la minería estatal en Bolivia, lo que deja el futuro del sector en manos privadas, según estudios del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
El restablecimiento del rol protagónica del Estado en la minería ha estado desde 2006 en el plan de gobierno del MAS, que a lo largo de sus últimas gestiones ha asegurado que ese objetivo ha sido cumplido. Sin embargo, esa meta está lejos de ser alcanzada, aseguró el investigador del Cedla, Alfredo Zaconeta, durante el ciclo de Diálogos “Políticas Públicas y Desigualdades: Un balance necesario”, organizado por ese centro de estudios en Potosí.
“El discurso del Gobierno es que el Estado ha recobrado su rol en el sector minero, pero los datos y la información oficial muestran lo contrario”, sostuvo el experto.
Un ejemplo es la participación del sector estatal en la producción minera del país, que entre 2006 y 2021 apenas aumentó de 0,8% a 6%, siendo que incluye a importantes empresas como Huanuni, Colquiri y Coro Coro, a las metalúrgicas de Karachipampa y Vinto, a la siderúrgica del Mutún y a Yacimientos de Litio Bolivianos, entre otras. El sector cooperativo, por su lado, aumentó su participación de 44,9% a 57% y el sector privado la redujo de 54,3% a 36%.
Este resultado no está en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, que sostiene que en ese período ya se tendrá “empresas mineras estatales que han logrado maximizar la producción”.
La tendencia va en dirección contraria. En 2021, la producción de Colquiri (zinc) se desplomó de 17.510 a 9.973 toneladas, la de Huanuni (estaño) de 8.928 a 6.378 toneladas y la de Vinto (estaño metálico) de 12.043 a 10.274 toneladas. Lo mismo sucede en el empleo minero, ya que la estatal incrementó de 4.726 a 5.786, la mediana creció de 3.850 a 4.780 y la chica bajó de 2.550 a 2.086, mientras que el número de cooperativistas se expandió de 54.200 a 129.410, una muestra de que el Gobierno “es incapaz” de generar fuentes de trabajo en este sector.
“El gran problema que tenemos los bolivianos es que estas políticas que tienen que dirigirnos hacia otro desarrollo no funcionan”, lamentó Roxana Graz, presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), organización que fue parte del diálogo en Potosí.
“Siendo el primer productor de minerales a nivel nacional, Potosí se encuentra muy desprotegido por las leyes del sector. La corrupción está en su máxima expresión, las regalías son muy bajas y nuestros metales raros salen sin control ni beneficio para el país. Todo esto va en desmedro de que este departamento tenga mejores ingresos”, indicó. (Erbol con información del Cedla)