En Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración de Derechos Humanos. Dicha entidad internacional, mediante sus representantes de varios países, hizo conocer ideas muy claras sobre que es urgente preservar los derechos con la finalidad de consolidar una convivencia pacífica a nivel mundial. La ONU considera que el respeto a los derechos humanos, puede dar lugar al crecimiento institucional, desarrollo de los pueblos, atención prioritaria a servicios de educación, salud, vivienda y todo lo que sea necesario para el bienestar de la humanidad.
Sin embargo, en pleno Siglo XXI, en muchos países, como en Venezuela, Nicaragua, Cuba, etc., los derechos humanos son restringidos y hasta suprimidos por tiranos y dictadores populistas que no han respetado a quienes consideran opositores a sus políticas que generalmente favorecen solo a sus adherentes y no al bien común. Esos déspotas han violentado instituciones, como las relacionadas con la justicia, las fuerzas del orden y las encargadas de organizar comicios, y las han puesto a su servicio al perfeccionar métodos que permitan la manipulación y no un trato justo, equitativo, ecuánime al ser humano con miras a su desarrollo integral. Pero, sobre todo se ha condenado a esos gobernantes que quieren eternizarse en el poder, por no respetar los derechos de todos.
La Declaración de Naciones Unidas establece, de manera clara y terminante que “Los derechos humanos básicos son de carácter civil, político, social, económico y cultural”. Se ha dicho constantemente que la consideración y cumplimiento de esas reglas corresponde a gobiernos, entidades sociales, económicas y culturales que en todas sus políticas y acciones deben demostrar respeto por los derechos de las personas.
Asimismo, “Defender los derechos humanos va en interés de todos porque promueve el bienestar de las personas, la estabilidad de las sociedades y la armonía de este mundo tan interconectado”. Se sostiene que, especialmente quienes poseen poder político, económico, social o cultural deben respetar la Declaración de Derechos Humanos. Es obligación de los gobiernos nacionales aplicar las leyes correctamente, para no violentar derechos inalienables e irrenunciables de las personas. Todos, sin excepción, deben gozar de esos privilegios porque cada país ha asumido compromisos que no pueden ser soslayados por políticas populistas que solo sirven a intereses de sectores oficialistas.
En consecuencia, gobiernos e instituciones de toda índole tienen que unir esfuerzos para exigir que los derechos humanos sean respetados plenamente. En nuestro país, donde se pregona, machaconamente, que se trata de “vivir bien”, quedan pendientes tareas muy importantes, como impulsar una verdadera reforma judicial para evitar que los recintos penitenciarios estén congestionados debido al constante aumento de la cantidad de detenidos, algunos por faltas nimias y sin defensa por falta de recursos económicos y otros encerrados por ser considerados opositores al gobierno de turno, a los cuales, con pasmosa celeridad, les llueven juicios para mantenerlos en “detención preventiva” por tiempo indefinido.