La dirigencia de la Junta Nacional de Padres de Familia presentó una denuncia ante la Fiscalía de La Paz en contra del ministro de Educación y una funcionaria de esa cartera de Estado en relación a la creación de una empresa consultora a la que se favorecería con contratos. Dicha firma, según un documento notarial, fue constituida en noviembre de 2022, cuando la autoridad ya estaba en ejercicio y tiene como accionistas al ministro y cuatro de sus hijos.
“Hemos evidenciado que hay un presunto acto de corrupción, con tráfico de influencias por parte del ministro”, afirmó la presidenta de la directiva de la Junta Nacional de Padres de Familia, Ana Laura Montaño, en contacto con Periodismo Sin Photoshop.
La dirigente explicó que la denuncia se presentó luego de analizar varios documentos y en consenso con los dirigentes departamentales (excepto Tarija) en su calidad de control social, pues al tener conocimiento del cualquier hecho de corrupción deben “hacer conocer al Gobierno para que tome la acciones que corresponde”, afirmó Montaño.
Periodismo Sin Photoshop buscó la contraparte del ministro, quien luego de leer los mensajes con el tema de consulta, el martes por la noche, no atendió las llamadas, según explicó porque estaba en una reunión. De la misma forma, ayer, volvió a escribir que se encontraba ocupado en los actos de aniversario del Gobierno de Luis Arce.
DENUNCIA PENAL
“Señor fiscal, por todo lo antes mencionado y al estar presente ante la comisión de un hecho delictivo, de orden público, que ha afectado la gestión del nuestro hermano presidente Luis Arce, así como vulnerar normas de ética y transparencia, constituyéndose dichas conductas en presuntos hechos de corrupción (…) interponemos denuncia formal (…) por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles y sociedades o asociaciones ficticias o simuladas”, señala el petitorio de la denuncia a la que accedió Periodismo Sin Photoshop.
De acuerdo con el documento, la funcionaria del ministerio de Educación, es señalada como presunta apoderada del ministro, quien, por redes sociales, entre los días 5 y 6 de noviembre publicó anuncios con el fin de captar “inversionistas para unas supuestas adjudicaciones estatales”. En estas publicaciones, además de dar números de celular, se menciona como referencia a la firma, “Centro Multidisciplinario de Formación Investigación y Servicios Generales (Cemfi SRL)”.
Montaño relató que se comunicó con la funcionaria a los números que figuraban en los anuncios, y esta le manifestó que “las inversiones eran seguras ya que tenía contactos con el Ministro de Educación y que necesitaban ese capital”. De esta forma, la dirigencia de los padres de familia comenzó a indagar y verificó que dicha empresa contaba con un número de NIT y estaba registrada en el Servicio Plurinacional de Registro y Comercio (Seprec), acreditada por la “Escritura Pública de Constitución Nº 0011/2022”, del 4 de noviembre de 2022, emitida un año después de la posesión del ministro.
“Pero lo más lamentable de todo es que, dicha empresa, sería de propiedad del ministro de Educación en sociedad con (cuatro de) sus hijos, empresa dedicada paradójicamente a la prestación de servicios de consultoría en educación, capacitación, asesoramiento, investigación, formación en los subsistemas de educación regular, educación alternativa y educación superior de formación profesional entre otros, es decir el mismo rubro”, detalla la denuncia. La dirigente de los padres de familia manifestó que, si bien en su denuncia solo se sindica al ministro y la funcionaria, la Fiscalía debe ampliar la investigación contra los familiares de la autoridad.
Montaño afirmó que en un nuevo contacto con la funcionaria, esta les aseguró que las “inversiones” estarían destinadas a lograr la adjudicación de contratos en diferentes instituciones del Estado. “Esta persona nos indicó que, como garantía, ella y su socio (el ministro) tenían un instituto de educación superior en el departamento de Tarija”, reveló.
La dirigente de los padres de familia mencionó que luego verificaron que la funcionaria es apoderada legal del ministro, a pesar de ocupar un cargo en el Programa de Post Alfabetización del Ministerio de Educación. Además, se menciona que las oficinas centrales de Cemfi SRL, estarían registradas con la dirección del domicilio del ministro, en la ciudad de Potosí, pero que tiene una sucursal en un edificio vecino al Ministerio, en La Paz.
En ese contexto, la denunciante solicitó a la Fiscalía, una serie de requerimientos, para verificar cuántos contratos fueron adjudicados a Cemfi SRL. desde el Ministerio de Educación, el número de empresas que están a nombre del ministro, sus hijos y la apoderada, además de información complementaria al Servicio de Impuestos. (Periodismo Sin Photoshop)