Prorrogan por otros ocho meses investigación contra Boluarte

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, amplía otros ocho meses más la investigación contra la presidenta, Dina Boluarte, por el casi medio centenar de muertes y más de 200 heridos que dejó la represión de las protestas en su contra, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
En vísperas de que venciera el plazo inicial, la fiscal Benavides ha prorrogado una investigación en la que también están incluidos el primer ministro, Alberto Otárola; su antecesor, Pedro Angulo Arana; el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta; el del Interior, Vicente Romero Fernández, César Cervantes y Víctor Rojas Herrera, al frente de esa misma cartera antes que él.
Todos se enfrentan a posibles delitos de atentado contra la integridad física de las personas, de genocidio y homicidio calificado por lo ocurrido en aquellas manifestaciones, en las que miles de personas salieron a protestar contra las supuestas maniobras de Boluarte para hacerse con el cargo dejado por el hasta entonces presidente, Pedro Castillo, tras su detención e inhabilitación.
En la oportunidad varias poblaciones salieron a protestar contra Boluarte, en señal de desacuerdo con su gobierno, momento hasta en el cual ya habían muertos y heridos en enfrentamientos con las fuerzas del Gobierno, que dio lugar a este tipo de acontecimientos.
Benavides también comunicó que en las próximas diligencias declararán 27 familiares de las víctimas, una treintena de testigos y cerca de 250 heridos por esa controvertida actuación policial y militar, así como otros funcionarios, como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre.
De acuerdo con el militar, Boluarte fue en todo momento informada del plan de los militares para contener las protestas, mientras que el exministro del Interior César Cervantes, ya confirmó que la presidenta y Otárola se estuvieron reuniendo casi a diario por estos hechos, durante los primeros días de esas protestas. (Europa Press)