Complicado negocio del oro en Bolivia

Cuando el país requiere con urgencia aumentar sus reservas monetarias, llama la atención que las autoridades no se enfoquen en ejercer control sobre la extracción de oro, actividad que moviliza gran cantidad de dinero, pero no a favor de las arcas nacionales.
Al respecto, recordemos que hace cinco años la Autoridad Jurisdiccional de Administración Aduanera (AJAM) reveló que comunarios y cooperativistas resistieron la detención de ciudadanos chinos y colombianos que en Teoponte, Guanay y el río Kaka, extraían ilegalmente oro. No fue la primera vez que se descubrió la unión entre nacionales y extranjeros para esas faenas.
Esta solo una muestra del complejo e impune negocio del oro. Los millones de dólares obtenidos por la salida del mineral del país benefician a cooperativas legales y a otras organizaciones furtivas, por lo que resulta difícil el control. De las pocas organizaciones identificadas el Estado recauda una cantidad mínima de dinero al año por concepto de regalías. Y es que las cooperativas están liberadas de impuestos por concesión gubernamental. En cuanto a las “cooperativas” mineras, en realidad son empresas que contratan trabajadores con salarios muy bajos y no cumplen con la legislación social.
Al parecer se olvida que el cooperativismo se basa en el trabajo conjunto de sus miembros, aspecto violado en el caso mencionado. Tampoco deberían poder alquilar sus “concesiones”. Pero la Constitución de 2009 dispone que el Estado “asumirá el control y dirección de los recursos naturales estratégicos… a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias”. Por tal determinación éstas últimas proceden a negociar las adjudicaciones con quienes les convengan. Ese texto ha sido introducido en la Constitución Política seguramente por constituyentes cooperativistas, para legalizar figuras jurídicas que les beneficien.
Pero la explotación no se limita al norte de La Paz, también se realiza en ríos de Pando y Beni, con la participación de extranjeros, sin control del Estado. En 2018, chinos, colombianos y peruanos comenzaron a llegar a la Amazonía para sacar toneladas de oro, asociándose ilegalmente con las cooperativas auríferas locales, mediante “contratos de prestación de servicios”. En cuanto a las ganancias, se sabe que el 25% es para las cooperativas y el resto para los inversionistas foráneos, porque “aumentó el costo de operación”.
Por otra parte, no son pocas las comunidades que rechazan este tipo de minería, ya que quieren preservar tierras para cultivos. Además, las dragas que utilizan los buscadores de oro dejan toneladas de basura, así como provocan deforestación y destrucción de las orillas de los ríos. Lo peor es que comunidades de las que antes salían camiones con frutos como yuca, papaya, sandía, tomates, zapallos, hoy han quedado con suelos degradados y como zonas auríferas. Tampoco se debe olvidar la contaminación de las aguas por el uso de mercurio para extraer oro.
Como se advierte, es muy peligrosa la actividad aurífera sin control en regiones con ingentes recursos naturales. Pero el Gobierno de turno se dedica a pugnas partidarias internas y no a resolver asuntos tan graves como los referidos.