Urge definir el estado legal del gobierno

Como es de conocimiento general, después de la insurrección popular de noviembre de 2019 que acabó con la renuncia del entonces presidente Evo Morales y las principales autoridades nacionales, surgió un gobierno transitorio dirigido por la señora Jeanine Añez, con apoyo de integrantes del MAS que permanecieron en el poder, como parlamentarios de esa tienda política. Luego, con total falta de tino, la mandataria trató de prorrogarse en el poder, pero al no contar con suficiente respaldo social, convocó a elecciones generales, evento por el cual fue elegido presidente el señor Luis Arce Catacora. Es decir, retornó el MAS al poder.
Poco tiempo después, comenzó una persecución intensa a las autoridades del pasado gobierno transitorio, principalmente aduciendo que en nuestro país hubo un “golpe de Estado”, que la asunción al poder de la señora Añez no fue legal. Sin embargo, hasta hoy no se ha aclarado si, en consecuencia, el actual gobierno es plenamente válido.
Como hasta ahora el Tribunal Supremo de Justicia y las instituciones que deben tener conocimientos plenos sobre cuestiones de Derecho no se pronuncian al respecto, hay preocupación en la sociedad por la situación legal de los poderes del Estado. Por ello, al mismo tiempo que comenzaron los enjuiciamientos y detenciones a anteriores autoridades nacionales y líderes de oposición, han surgido denuncias en sentido de que “el actual gobierno adolece de no estar en los marcos legales por ser de facto, pese a explicaciones de que sí es legal”. Hasta ahora se espera que entidades que tienen que ver con el estudio del Derecho se pronuncien sobre tal asunto. En consecuencia, en la sociedad queda la siguiente pregunta: Si este gobierno es continuación de uno que no es legal, ¿en qué situación estamos? El gobierno y el partido masista sostienen que el actual régimen es absolutamente legal; pero no responden totalmente a las inquietudes ciudadanas orientadas a saber cuál es la verdad.
Es muy importante que la institucionalidad rija los destinos del país. De otro modo, ¿cómo podemos alegar ser régimen constitucional o legal? La respuesta debería ser simple: retomar el camino institucional; pero, ¿quién y cómo se da el primer paso en tal sentido?
El tema no pierde actualidad, considerando que todos los que hacen de voceros del MAS, constantemente se refieren a que hubo “golpe de Estado”, pero no se refieren a que para conocer lo que realmente pasó en noviembre de 2019, se necesita iniciar una investigación amplia y profunda, convocando a todos los actores, tanto del oficialismo como de la oposición. Además, esa labor de indagación debería estar a cargo de organismos de probada imparcialidad, para evitar la repudiable función de juez y parte. Es decir, que los partidarios de alguno de los bandos no deben estar a cargo de esa búsqueda de la verdad.
Todos, sin excepción, deberíamos adentrarnos en la Carta Magna y las leyes y ¡empezar de nuevo!