La Fundación Jubileo, a través de su investigador especializado en temas energéticos e hidrocarburíferos, Raúl Velásquez, consideró insostenible la subvención actual de los combustibles y planteó que esta sea diferenciada de acuerdo varias variables a considerar, como el modelo del vehículo, el costo del mismo y si este presta servicio público o es de uso particular, entre otros aspectos.
“Si te has comprado un Mercedes Benz de 4.000 de cilindrada el año pasado y tienes plata para pagar ese tipo de vehículo, está bien, pero paga también el precio real de ese combustible y a cambio el Estado te debería dar un combustible de la calidad de ese precio, no darte una miseria de 82 octanos sino de 95 probablemente”, planteó Velásquez durante el foro: “Los límites del extractivismo: situación actual y caminos alternativos”.
Velásquez sugirió como primera medida que la Agencia de Noticias de Hidrocarburos (ANH) haga cumplir la norma e impida la comercialización de combustible a vehículos que no cuenten con el sticker B-Sisa.
“En el sticker B-Sisa están los datos del modelo, del motor, del año del auto, mínimamente se deben establecer bandas de precios diferenciadas según año, modelo y el tipo de vehículo; si es un vehículo destinado al transporte público podría seguir beneficiándose de la subvención por un tiempo más, en el caso de otros vehículos se deberían considerar diferentes variables y criterios con los que se puede jugar para establecer precios diferenciados”, aseveró.
El experto dijo que es necesario volver al concepto económico de la subvención; por lo cual es entendida como la ayuda que da el Estado a una población vulnerable que no puede acceder a un determinado bien o servicio. “En la medida en que se retome a ese concepto económico probablemente la subvención pueda funcionar un tiempo más, pero lo cierto es que no se puede seguir comprando un combustible tan caro y venderlo tan barato”, apuntó.
La comercialización de diésel en el país subió en 2022 un 10,8% en comparación a 2021, de acuerdo a datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y con ello el monto destinado a la subvención de combustibles, que pasó de al menos 627 millones de dólares a aproximadamente 1.700 millones
“No solo se trata de refocalizar el tema de las subvenciones en cuanto a precios o de octanaje, sino también de generar marcos institucionales que acompañen a esto, la ANH y la Aduana tienen que controlar el contrabando, la ANH tiene que hacer los mayores esfuerzos para que no se venda combustible a vehículos que no están registrados en el B-Sisa”, aseveró.
Lo cierto -dijo Velásquez- que es insostenible continuar tal y como está el tema de las subvenciones a los combustibles, ya que la electro-movilidad que se plantea como una probable solución al problema por decreto es mucho más complejo de lo que se cree, ya que el 72% de la electricidad en el país es de origen fósil.
En esa línea señaló que hay que distinguir lo que es la política energética de la hidrocarburífera, pues ambas se han confundido en los últimos 23 años.
“La subvención es un problema estructural y está vinculada a la cultura extractivista, es un problema social, no solo político (…). Somos una sociedad extractivista y una sociedad rentista, la salida de la subvención es de largo plazo”, aseguró.
Durante el foro organizado por la Fundación Tierra con apoyo de la Alianza por el Ambiente y el Territorio, el investigador sostuvo que es fundamental el tema de la transparencia en el sector hidrocarburífero para tomar las mejores decisiones.
“Lamentablemente el 2015 en Bolivia ha caído la renta petrolera y junto a la renta ha caído la transparencia en YPFB, se dejó de publicar un informe trimestral que se publicaba hasta entonces, se retiraron las publicaciones sobre volúmenes comercializados de YPFB Transportes, la ANH también retiró información que antes publicaba anualmente y que permitía esta desagregación”, aseguró. (Brújula Digital)