Ibo Blazicevic R.
Los gerentes y directores de asuntos corporativos de las empresas tienen entre sus responsabilidades la creación y comunicación de una imagen pública favorable para los empleadores o clientes.
Es frecuente el uso de campañas diseñadas para medios tradicionales, digitales y redes sociales con el fin de llegar a inversores, consumidores, empleados, analistas de la industria, clientes; al Gobierno nacional, gobiernos subnacionales y otras partes interesadas. Por su parte, los profesionales de relaciones públicas tratan con el público y los medios de comunicación.
En Bolivia, además de las funciones descritas en los manuales de funciones tradicionales, los gerentes y directores tienen responsabilidades adicionales que definen no solamente un buen o mal performance del área, sino que pueden impactar en los resultados de las empresas e, incluso, en la generación de empleos.
Los gerentes y directores de asuntos corporativos deben mantener, por ejemplo, la licencia social para operar. En el caso de la industria extractiva, esa licencia es una condición determinante para la sostenibilidad de la operación.
En otros casos, como el de la industria manufacturera, la pérdida de la licencia social puede generar demoras, quiebres de stocks o cierres temporales de unidades operativas.
En ese contexto, es muy importante tener un mapeo claro de actores y un plan de acercamiento, especialmente a los que ejercen mayor influencia/poder en el sector.
Por otra parte, los responsables de asuntos corporativos, en muchas ocasiones tienen que lidiar con temas que se constituyen en obstáculos relevantes para el desarrollo empresarial.
En la coyuntura actual podemos mencionar, por ejemplo, que el contrabando se ha posicionado claramente como el principal enemigo de la industria, el comercio y, recientemente, de la agricultura y la agroindustria.
La permeabilidad de Bolivia, con una frontera de casi 7.000 kilómetros, cinco países vecinos, una política monetaria que mantiene un tipo de cambio fijo desde hace más de 15 años, una legislación que claramente protege a los contrabandistas, además de la complicidad de algunas autoridades, hacen que este flagelo represente una pérdida de participación en el mercado de la industria nacional de hasta un 20% a favor de productos importados de manera ilegal.
Como si fuese poco, Bolivia también presenta retos adicionales, entre los que podemos mencionar los altos grados de conflictividad con paros y bloqueos. De acuerdo con los reportes de conflictividad de la Fundación Unir, durante el mes de agosto de 2022 se registró una cifra récord con 140 conflictos.
En el caso de la industria de alimentos y bebidas, así como la actividad gastronómica, las restricciones municipales de enero 2022 en los municipios de Santa Cruz, El Alto y Tarija, por causa de la cuarta ola del covid-19, afectaron las ventas. Esto, sumado a la restricción de horarios de expendio y consumo, generó pérdidas importantes a estos sectores, y los gerentes y directores de asuntos corporativos tuvieron que hacer innumerables gestiones para mitigar los daños.
El escenario que acabo de describir es el de 2022, que ha sido muy complejo, y todo parece indicar que el escenario de 2023 se mostrará similar y, nuevamente, esos ejecutivos y la alta gerencia de las empresas estarán lidiando para mitigar riesgos y evitar pérdidas.
Ibo Blazicevic R. es director de Asuntos Corporativos y Legales de CBN y past president Cámara Nacional de Industrias.
