El coronel del Ejército, Héctor Pérez, imputado por obedecer órdenes del exministro de Defensa, Luis Fernando López, de traer agentes químicos desde Ecuador en 2019, lleva más de tres meses de detención preventiva ilegal, según abogados consultados por EL DIARIO.
El plazo de detención preventiva del militar concluyó el 25 de noviembre y tanto la Fiscalía como el Ministerio de Defensa solicitaron la ampliación de la medida extrema por cinco meses y la defensa del uniformado el cese de la misma, empero, a la fecha, la audiencia no fue ejecutada.
El abogado Ramiro Carrillo explicó que al haber concluido el plazo corresponde presentar una Acción de Libertad por detención “ilegal”.
“No hay argumentos para que una persona siga detenida, si el juez se excusó, el caso pasa al siguiente número (…). Esa es una detención ilegal, por eso corresponde la Acción de Libertad y el fundamento es que nadie puede estar condenado previo a un juicio oral, en este caso, él (militar), ya estaría pagando una condena sin sentencia”, precisó.
Asimismo manifestó que los jueces deben justiciar por qué no se programó una audiencia para aclarar su situación jurídica.
Por otro lado, el jurista manifestó que este extremo supone una vulneración al derecho de las partes que puede llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Si es el Órgano Judicial quien vulnera los derechos del detenido, lo que se tiene que hacer es agotar toda la vía intra-procesal, como la Acción de Libertad, Amparo Constitucional, reclamos al juez, etc., para después denunciar ante la CIDH porque hay vulneración de derechos, detención indebida, ilegal, no tiene trato igualitario, etc.”, advirtió.
Explicó que si la CIDH admite la denuncia, lo que hace es emitir medidas cautelares, con ello se puede disponer que salga libre o que se instale la audiencia.
En similar criterio, el abogado Jorge Valda aclaró que cuando el plazo de la detención concluyó, lo que corresponde es la liberación de los imputados.
“La detención se considera arbitraria después que ya venció el plazo, la detención es ilegal”, precisó el jurista.
IMPUTACIÓN
El 18 de noviembre de 2021, Pérez fue imputado por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas, porte o portación y uso de armas no convencionales, además de incumplimiento de deberes. Desde esa fecha guarda detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, medida que ya fue ampliada en dos oportunidades y concluyó el 25 de noviembre.
En anterior entrevista con este medio, el abogado Rómulo Estívariz, que patrocina al militar, manifestó que la detención de su patrocinado es ilegal ya que él no tuvo participación directa en el hecho porque su rango no se lo permitía.
Aclaró que en el presunto delito de tráfico ilícito de armas, la Ley 400 considera a los gases lacrimógenos como munición y no armas.
“Respecto al ilícito de tenencia porte o portación, la Ley 400 permite al Ministerio de Defensa la adquisición extraordinaria de material equipo y/o armamento sin necesidad que intervenga la Aduana Nacional”, aclaró a tiempo de asegurar que no existe una ley que prohíba al Estado realizar este tipo de préstamos de otros países.
Respecto al incumplimiento de deberes, manifestó que de acuerdo a reglamentos firmados por el presidente: “Las órdenes pueden ser verbales o escritas. Siendo de cumplimiento obligatorio para quien va dirigida, su trasgresión dará curso a sanción de acuerdo a reglamento”.
“¿El fiscal con que argumento legal dice que (el militar) incumplió sus deberes, que ley lo respalda?”, cuestionó.
EL HECHO
De acuerdo a la declaración de Pérez, a la que EL DIARIO tuvo acceso, el 15 de noviembre de 2019, recibió una llamada en la que le instruían presentarse ante el ministro de Defensa, lo más antes posible. La autoridad se encontraba en Palacio de Gobierno, en reunión de gabinete.
“Cuando salió un momento de la reunión me dijo que esperara disposiciones, cuando terminó la reunión entre las 10 y 10:30 aproximadamente, me llamó el ministro y me dijo que Ecuador estaba prestando gases lacrimógenos y que debía trasladarme en un avión hércules para verificar la cantidad de gases que nos estaba prestando”.
El mismo 15 de noviembre, él y otros funcionarios, fueron trasladados al hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto en el helicóptero presidencial. Entre las 17:00 y 18:00 horas despegó el avión hércules cuya tripulación fue el piloto, copiloto, navegante, tres técnicos del hércules, un mayor de la Policía y Pérez.
Llegaron a Ecuador la madrugada del 16 de noviembre donde personeros de la Policía los esperaban. Hicieron las presentaciones de rigor y posteriormente ingresaron vehículos con los gases lacrimógenos que deberían cargar al avión para trasladarlos a Bolivia.