La ONG venezolana Control Ciudadano afirmó que el régimen de Nicolás Maduro ejerce políticas para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tras denunciar diversas irregularidades y violaciones del debido proceso que ponen en duda la imparcialidad y objetividad del organismo.
“El comunicado claramente indica que el Gobierno de Venezuela ejercerá todas las acciones procesales, pero también políticas para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la CPI en el caso Venezuela I”, señaló la organización en una nota de prensa.
El régimen presentó ante la corte un documento en el que denuncia diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que fue sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de dicha instancia con ONG que aportaron información contra las autoridades nacionales en este asunto.
El escrito, según un comunicado oficial, desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca ocurrieron.
A juicio de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, con este tipo de comunicados no se fortalece el criterio de la voluntad y capacidad de las autoridades venezolanas de ejercer jurisdicción y conducir procedimientos genuinos a nivel interno para juzgar crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en el país, como se había comprometido inicialmente el Estado venezolano.
“Por el contrario, este tipo de escritos, lo que ponen en evidencia es que la CPI tendrá que ejercer jurisdicción sobre los casos sometidos a su examen, dado que el Estado venezolano parte de la negación de que estos ocurrieron”, añadió.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó al tribunal, el pasado noviembre, autorización para seguir adelante con la investigación, que comenzó en 2021 luego de que en el examen preliminar, abierto en febrero de 2018, se detectaran indicios de que se habrían podido cometer crímenes y violaciones de los derechos humanos. (Infobae)