El juez Marco Antonio Amaru, procesado por favorecer a un feminicida y un asesino, se declaró competente ayer para procesar a la expresidenta Jeanine Añez en la vía ordinaria por el caso denominado Senkata, ocurrido en 2019, dejando de lado el juicio de responsabilidades derivado a la Asamblea Legislativa, en 2021.
En agosto de 2021, el fiscal general, Juan Lanchipa, explicó que el Ministerio Público presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un requerimiento acusatorio en contra de Añez por las muertes ocurridas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), en la crisis política y social de 2019.
El caso Senkata se remonta al 19 de noviembre de 2019, cuando un operativo militar y policial desbloqueó el paso de combustibles desde la planta ubicada en esa zona y que causó la muerte de 10 personas y varias heridas.
El abogado Luis Guillén, que patrocina a la expresidenta, manifestó a EL DIARIO que el juez no revisó su competencia y cometió el delito de prevaricato tomándose “atribuciones que vulneran atribuciones de la Asamblea Legislativa”.
“Un juez de inferior grado le dice al máximo ente representante de la justicia (TSJ) del país que no puede conocer la causa, obviamente la decisión que ha tomado es tremendamente prevaricadora y alejada del derecho y comete exabruptos en la propia separación de poderes y atribuciones de competencia”, advirtió.
Explicó que la decisión fue apelada, empero el juez Amaru debe emitir un oficio al TSJ y ellos deberán revisar la decisión que tomaron cuando enviaron los antecedentes a la Asamblea Legislativa para un juicio de responsabilidades.
“Esto debe tratarse en un tribunal dirimidor que va a tener que ser el Tribunal Constitucional, quien tendrá la última palabra en decir quién tiene la competencia para procesar a la expresidenta”, precisó.
En audiencia virtual, antes de que el juez Amaru dicte la resolución, la expresidenta recordó que en 2019 Evo Morales vulneró la Constitución Política del Estado (CPE), ordenando a las fuerzas del orden que no protejan al pueblo frente a sus “grupos irregulares armados”, y que haya salido del país sin esperar que la Asamblea Legislativa acepte su renuncia. “(…) vulnerando la CPE dejando al pueblo boliviano en indefensión y esconderse en México (…) incitando desde el exterior a una guerra civil entre bolivianos. He sido traída a este circo, en la jaula que han armado para más de 180 presos políticos (…). Quieren hacer ver perversamente los hechos de 2019, ese fue terrorismo de Evo Morales”, dijo Añez.