martes, abril 23, 2024
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Advierten que pretenden procesar a Añez dos veces por caso Senkata

Los abogados que patrocinan a la expresidenta del Estado, Jeanine Añez Chávez, advirtieron ayer que la ampliación de investigación por los hechos en Senkata (El Alto), en la justicia ordinaria, no corresponde porque el caso fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y no puede haber un doble procesamiento por un mismo hecho.

“Dentro de este proceso de Senkata existe una proposición acusatoria que ha sido emitida por el Fiscal General del Estado. Ésta ha sido ya remitida a la ALP, vale decir que se encuentra en curso (…) la ALP debe decidir si Jeanine Añez es procesada dentro de un juicio de responsabilidades. (…) El pretender ampliar el proceso de Senkata por la vía ordinaria implica un doble procesamiento a la exmandataria”, explicó el abogado Luis Guillén.

El jurista precisó que de seguir el proceso contra Añez, sumarían cuatro denuncias en la vía ordinaria, aunque aclaró que hasta ayer no fueron notificados, aunque la noticia fue difundida por el ministro de Justicia, Iván Lima, la tarde del martes.

“Memoria, Verdad y Justicia. El Ministerio Público ha informado al Juez Cautelar Primero de la ciudad de El Alto la ampliación del proceso penal por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves contra Jeanine Añez Chávez quien será juzgada por la Masacre de Senkata”, indicó Lima, a través de su cuenta de Twitter.

El abogado Alaín Canedo advirtió que este es un hecho “ilegal” y está “viciado de nulidad” porque hay una duplicidad de procesamientos, lo que en derecho se llama non bis in idem​”, es decir, “nadie puede ser procesado dos veces por el mismo hecho”.

 

SENKATA

El 20 de noviembre de 2019 el Ministerio Público abrió una investigación para dar con los autores de las muertes de ocho personas durante el desbloqueo a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto.

Los abogados advirtieron que Añez no se presentará a los juicios porque aseguran que se vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 400.

La exmandataria guarda detención preventiva desde marzo de 2021. El año pasado fue sentenciada por el denominado caso golpe II.

“No se va presentar a este juego de la justicia y del Gobierno. Mientras no se reconoce el debido proceso, ella no se va a presentar”, aseguró la abogada Norka Cuéllar.

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