Lamentablemente, estamos ante la imposición de instituciones, normativas y políticas para la defensa de la delincuencia, donde el Ministerio Público, la Policía y dizque la justicia vienen reprimiendo y arremetiendo en contra de la población.
Además de la burla con la elección de autoridades judiciales, es preciso eliminar todas las trabas y exigencias que confrontan los ciudadanos en el acceso a la justicia, tanto en la Fiscalía y en los diferentes juzgados en lo civil, trabajo y otros, que se dedican a obstaculizar todo trámite judicial a través de la imposición de una serie de observaciones, dizque a “subsanar”. Estamos refiriéndonos a la burocracia desmedida que se ha impuesto, con exigencias generalmente innecesarias y fuera de lugar, que en muchos casos se va inventando para esquilmar la magra economía de nuestro pueblo sin empleo. En los hechos, se obstaculiza el acceso a la justicia.
Como se ha ido observando y conociendo, jueces, fiscales y policías dejan impunes a los asaltantes de tierras y de otros delitos, donde estas instituciones se han constituido, como reflejan medios de comunicación, en encubridores y protectores de la delincuencia, de los grupos de choque azules, a partir del diseño de normativas que viabilizan estas nefastas acciones, como la Ley Orgánica del Ministerio Público. A través del Art. 55.II, en la práctica llega a constituirse en una disposición para proteger a los criminales, mediante constantes denegaciones o rechazos de las querellas y denuncias de las víctimas de diversos delitos.
Para ilustrar lo mal que marcha todo en nuestro país, se puede citar cientos de casos. Sin embargo, mencionemos como ejemplo el caso de un pretendido cobro astronómico por supuestos beneficios laborales por parte de Paola V.A. a través de un proceso judicial con base en un certificado de trabajo fraguado, expedido por un funcionario municipal, con aseveraciones falaces e irracionales, que fue desmentido por un informe superior del GAMLP.
La demandante, gracias al principio de la inversión de la prueba, afirma sin ruborizarse haber trabajado durante cinco años y 22 días, cuando todo el tiempo estuvo en concubinato, embarazo, desembarazo por el cuidado que requiere su pequeño hijo después del nacimiento, por el tiempo de atención médica y recuperación de un accedente de tránsito sufrido por la demandante, además de haber trabajado en otra cafetería y otros.
Sin embargo, sin tomar en cuenta las pruebas presentadas por Maruja Q., propietaria de una pequeña cafetería de 2 por 3 metros que atiende solamente de horas 7 a 9 por las mañanas y de 17 a 19 por las tardes, la juez Cuarto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la Ciudad de La Paz, falla a favor de la demandante sin la debida valoración de las pruebas, en un marco de desconocimiento de la realidad, confundiendo un pequeño puesto de mercado popular con los pocos cafés, como Café Ciudad, que trabajan toda la jornada y con personal permanente. Cuando la demandante ayudaba una media hora algunas mañanas y dos horas por las tardes, durante algún lapso de tiempo.
En este contexto, cualquier persona puede demandar al propietario de un pequeño y humilde puesto de trabajo o a otros dueños de pequeños y medianos emprendimientos. Y con argumentos falaces, puede obtener con mucha facilidad y con ayuda de un juez laboral, fuertes sumas de dinero que oscilan entre diez, cincuenta o cien mil bolivianos o más sin haber trabajado realmente.
En otro caso, la familia Vito hizo dos depósitos de dinero en una cuenta bancaria para la adquisición de dos motorizados en nombre de los representantes de una empresa importadora, sin embargo, sus oficinas han sido cerradas y sus personeros están desaparecidos.
Al no haberse concretado dicha operación de venta de los vehículos, los afectados solicitan al Juzgado Público Civil 16 de La Paz, la devolución de sus depósitos por incumplimiento de contrato y previamente solicitan se requiera al SEGIP para que informe sobre los domicilios actuales de los representantes de la empresa importadora, por desconocerse sus domicilios. Sin embargo, la autoridad judicial a través de más de diez observaciones cierra toda posibilidad a que la familia pueda recuperar sus recursos, facilitando que los desaparecidos representantes de la empresa importadora de vehículos se queden disfrutando del dinero depositado y no devuelto a sus propietarios.
En nuestro país, se constata una ausencia del estado de derecho por la vigencia de un gobierno autocrático, populista y corporativista, donde la justicia es utilizada para perseguir opositores y dirigentes de organizaciones contestatarias y no para perseguir delincuentes. En este ámbito, en todo el territorio nacional campean los delincuentes, que vienen asaltando predios privados y cometen otros delitos con impunidad, ante la pasividad cómplice de las autoridades llamadas por ley a defender a la sociedad, pese a que con impuestos de todos los ciudadanos se les paga jugosos sueldos. ¿Será que los delincuentes les pagan mucho más que la sociedad y les otorgan más beneficios?
En cuanto a la policía, por ahora se puede afirmar que se trata de una fuerza represiva al servicio del gobierno, que ha cambiado de color verde olivo a azul. Esta policía ya no es una institución al servicio del pueblo, por el contrario, es una fuerza para reprimir y detener a los opositores y proteger a las hordas y grupos de choque masistas. Por lo que la policía actual constituye un grupo peligroso para la población.
El gobierno actual usa la justicia, la fiscalía y la Policía a su capricho para arremeter y someter al pueblo. También el gobierno usa hábilmente a los pongos rojos, a las bartolinas y a los funcionarios públicos, mal llamados servidores públicos, que en los hechos no son tales. Además, de manera indebida, el masismo utiliza símbolos como los nombres de héroes como Tupaj Katari, Bartolina Sisa y la wiphala para aparentar ser un gobierno indígena, sin serlo, ya que el socialismo nada tiene que ver con los pueblos indígenas.
Es preocupante que nuestra población esté a merced de instituciones azules que arremeten en su contra, por la mentalidad retrógrada de aquellos que imponen leyes e instituciones para perjudicar al pueblo y atentar contra sus derechos.
La ciudadanía requiere diferentes servicios en el ámbito judicial y, sobre todo, las víctimas de diferentes delitos, requieren urgentes reformas en todas las estructuras del ámbito judicial, la policía y el Ministerio Público. Debiendo iniciarse con el proceso de desburocratización del Estado abusivo, que implica el diseño de nuevas leyes, eliminación de instituciones perjudiciales e innecesarias, junto a la formación y selección de funcionarios que se adecuen a estas nuevas estructuras a futuro.
Por ahora, toca a toda la población, luchar y trabajar hasta derrumbar ese imperio de injusticia, burocracia y delincuencia imperante.
El autor es comunicador social.