La Constitución Política del Estado define en el Artículo 21 que “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: Numeral 5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”. Incumpliendo el mandato constitucional, el gobierno de Luis Arce sacó a los servidores públicos para agredir con extrema VIOLENCIA, utilizando palos, piedras y petardos a los ciudadanos que participaban en la marcha convocada por el Comité Cívico de La Paz y las Plataformas del 21F, que en forma pacífica expresaban sus opiniones.
La convocatoria realizada por el movimiento cívico a nivel nacional tuvo repercusión en las 9 capitales de Bolivia. En la ciudad de La Paz la marcha empezó a Hrs.17:00 en la plaza San Miguel, ubicada en la calle 21, lugar emblemático vinculado al 21F, fecha en que fue secuestrada la DEMOCRACIA. En La Paz trabaja la mayoría de servidores del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, transformados en grupos de choque masistas, pagados con dinero del pueblo. Realizaron emboscadas y atacaron violentamente, con gran cantidad de petardos que fueron entregados en la calle 8 de Calacoto. Sin medir consecuencias lanzaron indiscriminadamente petardos a quemarropa y ocasionaron 3 heridos de las Plataformas y 10 periodistas que, en cumplimiento de su trabajo, cubrían la marcha pacífica, entre ellos Rodrigo Fernández, de la red Erbol, ha perdido la audición. La violencia masista obligó a la dispersión y, como siempre, la policía solo apareció a las 21:00 horas para proteger a los masistas.
En Cochabamba fueron convocadas 2.000 personas que, desde la plaza de las Banderas, marcharon a la plaza 14 de Septiembre, gritando “Liberen a Camacho”. Efectivos de la Policía trataron de “decomisar” las motocicletas que llegaban de la zona San Simón, no pudieron ante la resistencia ciudadana. Conade y plataformas marcharon pidiendo “libertad de presos políticos”. En Potosí, la presidenta del Comité Cívico, Roxana Graz, dijo que la marcha era una forma de condenar el abuso policial, la persecución judicial y la libertad de todos los detenidos políticos del país. Oruro se movilizó exigiendo “justicia y respeto a la democracia”. En Sucre integrantes de plataformas recorrieron calles hasta la plaza 25 de mayo con arengas contra el Gobierno y manifestaron su apoyo a Santa Cruz. En la plaza principal de Trinidad entonaron el himno nacional y hubo protestas contra el gobierno. En Guayaramerín, Riberalta y Rurrenabaque también salieron a marchar pidiendo “democracia y libertad”. En Tarija también se exigía Democracia y Justicia. En Cobija, capital de Pando, una caravana de vehículos se concentró en el “mojón de la autonomía” y luego recorrió con bocinazos las calles de la ciudad. El cívico Joyner Calpiñeiro encabezó la caravana de vehículos,
En Miraflores, los productores de coca de La Paz marcharon exigiendo la liberación de presos políticos, teniendo en cuenta que los comunarios de Yungas tienen varios dirigentes en detención preventiva por el conflicto por el mercado ILEGAL impulsado y protegido por el Gobierno.
En Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, manifestó que las movilizaciones en Bolivia son una señal de “unidad” y anunció un CABILDO nacional para la movilización del país “por la democracia, libertad y justicia”, pidiendo el cierre de los casos «Golpe I» y «Golpe II», una justicia independiente, liberación del gobernador Luis Fernando Camacho. Calvo cuestionó la política «dictatorial» del presidente Luis Arce y reiteró que ese departamento continuará movilizado. “Señor Arce Catacora, no claudicaremos, la libertad es sagrada y este pueblo seguirá luchando, y esta es una lucha de todos los bolivianos que quieren vivir en libertad”, dijo. Y es que el sistema legal del país está corrompido por la política y solo obedece al partido oficialista. “¡Bolivia de pie, nunca de rodillas!” ante la dictadura del gobierno.
Exigimos a Luis Arce cumplir el Art.172 que manda: “el presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución”, y deponer su política de VIOLENCIA contra el pueblo de Bolivia que tiene derecho a expresar libremente sus ideas en las calles y por cualquier medio, de acuerdo con el Art. 21 de la Norma Suprema. Debe permitir la libertad de información, respetando el trabajo de los periodistas.
La autora es Abogada – Economista, ex Asambleísta Constituyente.