Sin abogados y antes de concluir la audiencia cautelar, la expresidenta Jeanine Añez, abandonó ayer el escenario judicial tras repetidas derrotas en el proceso ordinario que se le sigue por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), cuando era dignataria de Estado. “Hagan lo que quieran, pueden darme la pena de muerte si quieren”, dijo.
“Ustedes hagan lo que quieran. Pueden darme la pena de muerte si quieren o pueden darme cadena perpetua si quieren, que aunque no está en el ordenamiento jurídico, por agradar a sus jefes políticos ustedes lo pueden hacer y háganlo, pero ya basta, a mí déjenme en paz. Me retiro para que procedan a dictar la resolución que recibieron del Chapare, de la Casa Grande del Pueblo, del Ministerio de Justicia o el Ministerio de Gobierno”, dijo Añez después de haber prescindido de los servicios de los tres abogados que la patrocinaban.
Desde el año pasado, la expresidenta presentó una serie de recursos jurídicos para ser procesada en un juicio de responsabilidades empero todos fueron rechazados, por lo que anunció que acudiría a instancias internacionales.
Añez asegura que para ser juzgada por esta y otras denuncias referidas a su mandato se debe seguir el procedimiento constitucional, que señala que debe haber una aprobación de la Asamblea Legislativa y el juicio de responsabilidades debe ser llevado adelante por el Tribunal Supremo de Justicia.
“Ustedes no son tribunal competente para procesar a una exmandataria de Estado, hasta un dictador tuvo debido proceso y a mí me corresponde un juicio de responsabilidades les guste o no”, aseguró Añez.
La expresidenta calificó su proceso judicial de un “linchamiento disfrazado de legalidad” cuyo resultado, denuncia, fue ordenado por el Gobierno del Movimiento al Socialismo.
“Hasta aquí asumo haber agotado todas las acciones y recursos internos para ser debidamente procesada en un juicio de responsabilidades, toda vez que este proceso emerge de que mi persona emitió una resolución suprema en mayo de 2020 en pleno ejercicio de mis funciones como presidenta”, advirtió.
El dictador Luis García Meza fue sentenciado a 30 años de cárcel en un juicio de responsabilidades y le iniciaron dos procesos penales que no prosperaron.
El juicio de responsabilidades contra García Meza inició en 1984 y fue paralizado hasta 1991 cuando Jaime Paz Zamora asumió la presidencia, y concluyó el 21 de abril de 1993 con la lectura de la sentencia.
EBA
En noviembre de 2021, la Fiscalía imputó a la expresidenta y pidió su detención preventiva, por seis meses, por la presunta designación irregular de una autoridad de EBA cuando era presidenta, luego de suceder a Evo Morales en la presidencia en 2019, luego de que éste renunció tras ser acusado de cometer fraude en los comicios generales de ese año.
Éste es el tercer proceso que se le sigue a la expresidenta en vía ordinaria. El primer caso abierto fue por un presunto golpe de Estado, posteriormente el caso se “desdobló” y se dio pie al caso golpe de Estado II, por el que fue sentenciada a 10 años de privación de libertad, acusada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y leyes.
Según la denuncia de EBA, la persona designada por Añez no cumplía requisitos para el cargo, como título profesional, años de experiencia en el rubro, por lo que presuntamente ocasionó daño económico al Estado.
“La designada (…) sería estudiante de derecho, asimismo se hubiera verificado el curriculum vitae, estableciendo que no cumpliría con la antigüedad requerida por norma, ni la especialidad requerida ya que no cuenta con experiencia específica en el ámbito empresarial y que la misma hubiera ingresado a EBA el 20 de febrero de 2020. Asimismo establece de que la designación realizada por Jeanine Añez Chávez tenía intereses personales, con posible grado de parentesco, generando pérdida y daño económico a EBA”, leyó ayer, en la resolución, el juez Heber Gonzalo Torrejón.
DETENCIÓN
PREVENTIVA
En ausencia de la imputada y sus patrocinadores, el juez Heber Gonzalo Torrejón dispuso ayer una nueva detención preventiva, por cuatro meses, para la expresidenta.
Al respecto, el abogado Luis Guillén, que patrocinó a la expresidenta, aseguró a EL DIARIO que la lectura de la resolución, sin que la imputada esté presente es “ilegal”.
“Lo único que hace es evidenciar cuán ilegal y arbitrario es el actuar de la justicia. Lo que manifestó la expresidenta es real, que se le han atropellado todos sus derechos y que lo van a seguir haciendo, que van a seguir linchándola judicialmente y ante esto ella ya ha tomado una decisión bastante fuerte y clara, la cual es no someterse más a la justicia ordinaria”, apuntó.
Asimismo manifestó que la lectura de la resolución, ante la ausencia de la procesada y la defensa, está viciada de nulidad.
“Lo que correspondía es la asignación de un abogado de defensa pública para dictaminar la resolución (…). La norma establece que cuando una persona no se somete a un proceso de la debe declarar en rebeldía”, advirtió.