La Constitución Política del Estado establece en el Artículo 328.I que “Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley: Num. 5. Administrar las reservas internacionales”. La Ley 1.670 del BCB en el Art. 16º expresa: “En caso de la pignoración del oro, ésta deberá contar con aprobación Legislativa”.
Las Reservas Internaciones Netas constituyen para Bolivia recursos financieros en divisas y otros activos como el oro, los cuales se utiliza para garantizar los pagos por los bienes que importa y atender el servicio de la deuda, así como para intervenir en el mercado cambiario y defender la tasa de cambio. Tenemos las RIN en el BCB, 42,5 toneladas métricas de oro, que representan el 12,5% del total de las reservas; monto depositado en bancos extranjeros, y es invertido en los mercados financieros internacionales. El BCB informa que las reservas al 9 de mayo pasado suman $us 4.596 millones, el 56,6% de las cuales (2.602 millones) está en oro.
Ante la crisis económica y financiera en Bolivia, el Gobierno no tiene cómo financiar y ejecutar la inversión pública y su gasto, sigue endeudando al país con $us 400 millones de la CAF. Lo más grave es que remitió al parlamento un proyecto de Ley para vender “nuestros ahorros del oro”. Con el proyecto de ley se busca eliminar el artículo 16 que establece que cualquier operación o pignoración de las reservas deben pasar por la Asamblea Legislativa para su aprobación. Además, pretende eludir la fiscalización y control de la Asamblea, anulando la obligación del BCB en sentido de que toda venta de oro, para cualquier política monetaria, debe ser autorizada por el Legislativo. Ello muestra la fragilidad de las Reservas, tomando en cuenta una baja calificación internacional de riesgo, lo que hace más difícil obtener recursos externos.
En la historia financiera de Bolivia, es la primera vez que el gobierno del MAS utiliza las reservas de oro del Banco Central, lo que muestra la grave CRISIS que atraviesa el gobierno, y es una pésima señal para la economía boliviana, pues para vender el oro, dejarlo como “garantía o como colateral en el exterior”, no solo se requiere de una ley aprobada en la Asamblea Legislativa, sino de la certificación internacional del grado de pureza de cada lingote. Sin ese requisito solo se puede hacer operaciones clandestinas.
En parágrafo I de la Disposición Adicional Primera modifica el artículo 16 de la Ley 1.670 del BCB, eliminando así la pignoración de las reservas de oro con autorización legislativa, e incluyendo a las funciones del BCB (de administrar, invertir y efectuar depósitos en custodia de las RIN) las tareas de transformación y colateralización de estos valores en operaciones que “estrictamente mejoren el rendimiento de las reservas”.
El BCB pagará el oro que sea comprado con moneda nacional, “tomando como base el precio de la cotización internacional” y “en condiciones competitivas”, además que estará exento del pago de impuestos del IVA y el IT. No se toma en cuenta que la actividad aurífera se realiza avasallando áreas protegidas, con gran contaminación con mercurio de nuestros ríos que producen el 94% del oro nacional, como en los casos de FERRECO y FECOMAN, según datos del Ministerio de Minería.
Según el BCB, se logró financiamiento a través de la deuda interna con las AFP, el incremento de impuestos a las empresas privadas, al sistema financiero, y la deuda externa. También a los gremiales se pretende chantajear, para obligarlos a pagar impuestos con el condicionamiento de la jubilación con la Ley 249, que promueve las prestaciones de vejez. En época de crisis, servidores de YPFB y la Gestora Pública ganan sueldos de Bs.40.000, más que el presidente.
El gobierno sigue con su política del GASTO en prebendas y “elefantes blancos” como las empresas creadas recientemente para satisfacer a sus allegados. Se pretende pignorar nuestros ahorros para solventar la falsa recuperación económica que tanto pregona el gobierno, sin tomar en cuenta la escasez de divisas, ante la falta de ingresos. Solamente queda incrementar la deuda interna y el único lugar donde quedan divisas es en las cuentas individuales de las AFP. Como la Gestora Pública comenzaría a operar en mayo de 2023, peligran los ahorros de las y los trabajadores.
Angélica Siles Parrado, Abogada-Economista, ex Asambleísta Constituyente.