Verdadera misión de la Defensoría del Pueblo

Sancionada por el Congreso Nacional, desde 1988 funciona la Defensoría del Pueblo que –al igual que otras instituciones del país– no funciona correctamente y menos muestra independencia frente al gobierno nacional. Creada la Defensoría, inició su actividad en el domicilio de Ana María Romero de Campero, primera Defensora. Después de meses se le asignó un presupuesto de seis millones de bolivianos. Por su parte, los organismos de derechos humanos y países solidarios le aportaron y aportan recursos, entre ellos Unicef, el PNU (NNUU). Lo ideal y como ocurre en otras naciones es que la institución se mantenga independiente del soporte económico del Estado, para no convertirse en una más de sus dependencias. Sobre todo, su naturaleza es moral y su influencia pesa en ese sentido. Ese influjo cabe y se desarrolla en relación directa con los Estados que ponderan a instituciones altruistas y de bien común. No ocurre lo mismo cuando los que gobiernan anteponen lo político y pretenden predominar por todos los medios sobre el conjunto de la sociedad.
Desde su creación al presente gastó el impresionante monto de 366.444.000 millones de bolivianos que representan un 400% de aumento financiero. Por término medio se dice haber invertido en servicios personales 13.4% y el resto se insume en gastos de mantenimiento, reparación de vehículos y –nuevamente– en “servicios profesionales”, capítulo dedicado a la moda de contratar consultorías en línea, etc. El pecado original y común de las instituciones públicas es que varios de estos ítems sirven para encubrir destinos de dudosa claridad.
Este tipo de transferencia económica estatal, transforma su carácter de defensa de las personas y colectivos frente al poder muchas veces discrecional del Estado. Lo personal frente al leviatán político y administrativo. Lo grupal y colectivo cuenta cierta fuerza propia en el reclamo de sus necesidades, al paso que el individuo se ve solo e impotente. Ese fue el motivo de la creación de la Defensoría del Pueblo en Europa. Los gobiernos al financiarla adquieren autoridad y la incorporan al resto de la Administración Pública. La Defensoría ha declinado su independencia y autonomía a favor del Estado. Algo más allá del año 2006 los gobiernos del MAS vienen considerando la institución como una veta importante para el empleo de su militancia, en similitud al aparato público. Lo deseable sería que el fisco asigne los recursos indispensables y complementarios al aporte internacional, sin contaminarla con el mismo dispendio al que ha acostumbrado al frondoso aparato estatal. La Defensoría incurre en gastos de apoyo a sectores sociales, incluyendo aportes en efectivo. Su cometido debe ser instar al cumplimiento de la ley y honrar los derechos humanos.