La radiografía de la impunidad

Los recientes informes gubernamentales sobre la desarticulación de una presunta red criminal enquistada en los niveles más altos de la persecución penal han dejado atónito al país. Los detalles de los operativos que terminaron con la captura del fiscal general Roger Mariaca, el hallazgo de ingentes sumas de dinero en efectivo en su residencia, la búsqueda de otras trece personas implicadas y el allanamiento a la vivienda del exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo configuran un escenario de descomposición absoluta, que a cualquier persona racional y medianamente informada le hacen concluir que Bolivia es ya un narcoestado.
Asistir a este canibalismo político, donde quienes debían resguardar la ley terminan en el banquillo de los acusados, confirma que la crisis del Estado no es de gestión, sino de moralidad. Y es que Bolivia padece una crisis severa de moralidad; sus instituciones han sido tomadas por politiquillos sin carrera, valores ni capacidad. La crisis más profunda que atraviesa Bolivia no es económica ni de partidos políticos, es moral y así debe ser asumida para intentar hacer algo por remediar el estado de las cosas.
Esta incesante seguidilla de casos de corrupción erosiona las bases mínimas del desarrollo nacional, pues, ¿cómo se podría esperar que las arcas públicas se llenen o que la justicia opere bien si los casos de corrupción no paran? Es matemática e históricamente improbable que Bolivia salga adelante o atraiga inversiones genuinas cuando su estructura gubernamental opera como un botín corporativo de facciones en disputa; dado que los inversionistas extranjeros se fijan en los índices de democracia y en la calidad de la justicia de los lugares donde está su capital, es improbable que en el futuro inmediato o mediano haya inversiones en Bolivia.
La podredumbre no es una percepción subjetiva ni un invento de la oposición o de los medios; está respaldada por datos globales contundentes. El último índice del World Justice Project ubica a Bolivia en el catastrófico puesto 141 de 142 países evaluados en materia de ausencia de corrupción. Estar en el penúltimo lugar del planeta en integridad institucional es la prueba de que el país padece una metástasis judicial que normaliza el delito desde el poder. Lo peor es que estos casos son solo la punta del iceberg, pues habrá que saber cuántos otros casos de corrupción hay en el poder público boliviano.
La captura de una autoridad de turno no puede ser celebrada como un triunfo de la justicia si el sistema que permitió su ascenso y enriquecimiento permanece intacto. Mientras las instituciones públicas sigan siendo agencias de empleo político y escudos de impunidad para las cúpulas del momento, el país continuará atrapado en el subdesarrollo. La riqueza natural y el esfuerzo ciudadano serán siempre insuficientes frente a un aparato estatal que devora su propio futuro en el altar de la codicia.