¿Por qué hay avasallamientos?

Sostengo que hay avasallamientos y tráfico de tierras porque no existe seguridad jurídica sobre las mismas, porque no son de propiedad privada individual, son del Estado. Esas tierras son de todos y de nadie, mejor dicho, pertenecen al gobierno de turno.
En la Constitución Política del Estado se reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social (FS) o una función económica social (FES), según corresponda. En esa condicionante radica la trampa, los burócratas del INRA deciden quiénes cumplen la FS y la FES en la propiedad agraria. El criterio político de la institución prima sobre cualquier valoración técnica, para favorecer a los clientes del partido en función de gobierno, cómo si se tratase de una agencia inmobiliaria que entrega tierras a sus clientes políticos.
La condición estatista – socialista de la propiedad colectiva y comunitaria de la tierra agraria y la tierra comunitaria de origen prohíbe a los campesinos e indígenas originarios campesinos tener la propiedad como capital, porque no pueden utilizar el bien como colateral o garantía para obtener créditos, además, se prohíbe la compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en dotación.
Está prohibida la renta fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra, por ser contraria al interés colectivo (socialismo), no se puede alquilar.
La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible, además, que el Estado regula el mercado de tierras, entonces, no hay propiedad, propiamente dicha.
Si el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria y se debe cumplir con la FS o con la FES para salvaguardar ese derecho, esto significa que por más que los abuelos y padres hayan trabajado durante décadas en la tierra, nada garantiza que ese patrimonio quede para los hijos o para los nietos.
Como el incumplimiento de la FS y la FES son causales de reversión, la tierra pasa a dominio del Estado, además, la expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad pública, previo pago de una indemnización “justa”, eso significa que el precio no se sujeta a la oferta y demanda, sino a la decisión del aparato burocrático.
Además, el Estado tiene la obligación de fomentar planes de asentamientos humanos para la distribución demográfica y el aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, para los nuevos asentados que siempre serán los clientes políticos afines al gobierno.
Como vemos, hay una discriminación legal hacia los campesinos e indígenas originarios campesinos, no gozan del uso, goce y disfrute de la tierra como lo hacen los citadinos. Por eso, se busca mediante actos de corrupción urbanizar la tierra agraria para el cambio de uso de suelo, para convertirla en urbana; sólo así se alcanza ese privilegio de tener tierra como capital y garantía para obtener más capital. Así se prohíbe el legítimo afán de lucro y se condena a la pobreza eterna a esos ciudadanos que parecerían de segunda clase por efectos de la ley discriminatoria, porque no tienen propiedad sobre el suelo, menos sobre el subsuelo, tan sólo son meros detentadores de posesión condicionada.
Así, los sindicatos y federaciones abusan también de sus miembros rebeldes, con la amenaza de quitarles sus tierras si no obedecen los lineamientos del colectivo. Son micro estados autoritarios dentro del Estado, en una especie de feudalismo, donde el señor feudal otorga la posesión de ciertas parcelas a los siervos, con la condición de que obedezcan y paguen su tributo.
La persecución de los tipos penales: Avasallamiento y Tráfico de tierras, no tiene sentido, porque siendo la fiscalía y la policía parte del aparato estatal dueño del suelo y subsuelo, serán los burócratas quienes no sólo decidan quiénes serán los ocupantes, y a quiénes perseguir penalmente.
No hay igualdad de todos ante la ley y no existe libertad sin propiedad privada, este es un Derecho Humano del cual están siendo privados ciudadanos bolivianos, herederos naturales y originales de su tierra, a quienes se les debe empoderar legal y económicamente con títulos de propiedad privada individual para que puedan hacer respetar sus derechos frente a terceros avasalladores y traficantes estatistas socialistas de tierras, sean de los sindicatos o de la institución estatal de la tierra agraria.