jueves, marzo 28, 2024
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¿La Contraloría está a la altura del desafío?

Una de las instituciones más grandes del Estado Boliviano, la Contraloría General del Estado (CGE), para la sociedad boliviana en los últimos años fue perdiendo poco a poco su rol fundamental, que es controlar la utilización de los recursos y bienes del estado. La sociedad sabe que, en todos los niveles del Estado: central, departamental, municipal e indígena originario campesino, se carece de un control adecuado y eficiente.
La falta de credibilidad se debe a varias razones. Podemos citar algunas de ellas, como los cargos interinos en diferentes instituciones, lo que resta credibilidad; otro factor tiene que ver con la designación de estas autoridades (falta de consenso por dos tercios). El trabajo de la Contraloría General, como bien se sabe, es fiscalizar el uso de los recursos y bienes del Estado y los provenientes de convenios internacionales, así como cumplir y hacer cumplir las leyes, resoluciones y reglamentos, en materia de su competencia. También examinar y verificar actos irregulares o dolosos en contra del Estado o hacienda pública.
Por otra parte, a pesar de la pandemia, no hemos podido estar a la altura de las exigencias del uso de herramientas tecnológicas. Sabemos bien que, si una persona o servidor público no maneja estas herramientas, definitivamente afrontará serias limitaciones en su desempeño, pero no solo en ese campo, también pasará en el estudio y el acceso a los servicios. En el contexto en el que las instituciones públicas brindan sus servicios y debido al monopolio existente, no habrá competitividad alguna. Por esta razón, los funcionarios públicos no se empeñan en realizar un mejor trabajo y esfuerzo, por consiguiente, estas instituciones seguirán brindando un servicio deficiente.
Si el Estado obliga a la ciudadanía a ponerse en riesgo de contagio (Covid-19), nos damos cuenta de la importancia de la actualización permanente en el uso de herramientas tecnológicas. Pero sabemos que las instituciones del Estado, como la Contraloría y otras, son quienes exigen que se presente documentación en físico, cuando desde el año 2011, el correo electrónico y la firma digital tienen el mismo valor legal (Ley No.164, Arts. 78, 89, 90). No solo los servidores públicos del gobierno central (autoridades a su mando), sino sobre todo los gobiernos subnacionales, son quienes tienen que adoptar nuevas políticas, de acuerdo con el contexto de un mundo globalizado, sin perder de vista sus responsabilidades (tanto Estado como sociedad) y de esta manera tener una buena administración de los recursos y servicios.

teozul@hotmail.com

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