martes, abril 23, 2024
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Bolivia ingresó a una etapa de desinstitucionalización y autocracia

La falta de consensos para la elección del nuevo Defensor (a) del Pueblo y la elección del Contralor (a) General donde la oposición advierte otro “empantanamiento”, el país está entrando en una “institucionalidad de facto, de tiranía y de autocracia”, manifestó a EL DIARIO el excandidato a la presidencia y exfiscal departamental de Santa Cruz, Jaime Soliz.
Las tres fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa fracasaron en dos votaciones para conseguir los dos tercios en la elección de un Defensor (a) del Pueblo, pese a que el 14 de mayo de 2022 venció el mandato de Nadia Cruz, que sucedió en el cargo a David Tezanos, cuya posesión fue el 14 de mayo de 2016 y renunció en 2018.
Asimismo se aprobó la convocatoria y el reglamento para la elección y designación del Contralor (a) en la Comisión Mixta de Planificación, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), pero la oposición rechazó la misma y advirtió otro “empantanamiento”.
El pasado viernes concluyó la gestión del contralor, Henry Ara, quien estuvo en el cargo desde el 1 de julio de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que en las próximas horas, el presidente del Estado, Luis Arce, nombrará al Contralor interino mientras concluya el proceso de selección.
“Si no hay institucionalización, no hay democracia, la base de la democracia es también la institucionalización de todos los cargos públicos y eso no se está dando, eso nos muestra de que en este país, paulatinamente y de a poco se está empezando a instaurar una autocracia. Estamos entrando en un proceso de desinstitucionalización ya que los organismos que le dan institucionalidad al estado de derecho y a la democracia, en este momento están dejando de existir, por eso el Estado está desarticulándose”, advirtió Soliz.
Apuntó que el Código Penal prevé una sanción para el delito de prolongación y abandono de funciones. “Dicen que uno no debe abandonar el cargo hasta que el otro venga y lo ocupe, pero eso no es ningún justificativo para que se prolonguen indefinidamente en el poder y se des-institucionalice el país”, dijo.

DESINSTITUCIO-
NALIZACIÓN
Soliz manifestó que la desinstitucionalización promueve una tiranía, que se debe evitar con elecciones democráticas, en este caso, por legisladores que representan a la ciudadanía, lo contrario supondría entrar en un Estado autocrático que va contra la Constitución Política del Estado (CPE).
“A la larga estos temas traerán consecuencias porque el país va a estar a la deriva sin legitimidad ni legalidad en cuanto a las actuaciones de sus actores públicos que tienen que velar por el cumplimiento de la ley, en caso de los operadores de justicia, Fiscalía, o sea todo el aparato de fiscalización de los órganos del Estado van a quedar en stand by, por tanto este país se puede parar, está al borde de la legitimidad y la legalidad constitucional”, advirtió.
En ese marco, lamentó que al MAS no le interese generar consensos para tener autoridades que no sean independientes.
“En su intención política de siempre tener el monopolio y el control total de las autoridades no tiene consensos y por tanto la población adolece de quien le defienda. No va a ver Defensor del Pueblo, como tampoco creo que vaya a ver Contralor. En los interinatos, debería haber una actuación más cohesionada de los parlamentarios de oposición y empezar a interpelar y ver la forma de censurar y ver de hacer las denuncias a nivel internacional de que estamos entrando en un proceso de desinstitucionalización y que los organismos que le dan institucionalidad al estado de derecho y a la democracia, en este momento están dejando de existir, por eso el Estado está desarticulándose”, reiteró.
Asimismo, el periodista Iván Rada manifestó a EL DIARIO que el masismo ha des-institucionalizado el Estado desde 2006, desde que descabezó al entonces Poder Judicial, pasando por mantener interinatos indefinidos como Impuestos o Aduana, hasta estos vacíos normativos para la designación del Defensor del Pueblo o Contralor, cuyos mandatos son prorrogados de facto.
“El daño a las instituciones públicas es irreparable y parece que los bolivianos nos estamos acostumbrando a vivir en un país sin respeto a la institucionalidad”, lamentó.

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