El vocero presidencial, José Luis Gálvez, presentó ayer un conjunto de ocho normativas aprobadas en el Consejo de Ministros. Las medidas abarcan desde el aprovechamiento de residuos urbanos y apoyo al agro hasta la digitalización de trámites de título de bachiller y facilidades financieras para el sector transporte.
En el ámbito medioambiental, el portavoz destacó la aprobación de una norma que regula el aprovechamiento del biogás en los rellenos sanitarios de Bolivia. Según explicó Gálvez, la medida busca un uso integral de los desechos para generar electricidad limpia.
Asimismo, ante la llegada inminente de fenómenos climáticos extremos, informó sobre un incremento presupuestario de 14 millones de bolivianos destinados al Instituto del Seguro Agrario, para la campaña agrícola 2025-2026. El objetivo es asegurar la provisión de alimentos del país.
“Todos los bolivianos sabemos que viene el Súper Niño, pronto podremos hacer doble acento porque todos tenemos que tomar conciencia de este riesgo que implica y ya hay que tomar previsiones. (…) Proteger la producción agrícola para nosotros significa también proteger la provisión de alimentos y, por tanto, contribuir a la seguridad alimentaria del país”, explicó.
El vocero anunció un cambio importante para las familias de los estudiantes del nivel secundario. A partir de la gestión 2026, los títulos de bachiller de todo el territorio nacional darán el salto definitivo al entorno virtual con plena validez legal.
Por otra parte, se aprobó la reglamentación de la Ley 1680, orientada a proteger a los menores de edad que quedan en situación de vulnerabilidad extrema tras hechos penales graves como el feminicidio. Los beneficiarios contarán con asistencia médica, educativa y un bono mensual del 20% del salario mínimo nacional.
En materia económica, el transporte público fue integrado formalmente a las categorías de crédito productivo, lo que les permitirá acceder a financiamiento con tasas reguladas y máximas para renovar o reparar sus motorizados. Los vehículos particulares quedan excluidos.
Gálvez también detalló que los cambios aplicados al reglamento básico de preinversión estatal, obligarán a las instituciones públicas a justificar técnicamente cada proyecto para frenar obras ineficientes o con tintes netamente políticos.