La opinión pública del país ha demandado la necesidad de renovar al Defensor del Pueblo, en vista que la persona que ocupó esas funciones interinamente durante varios años –interinato que podría ser observado judicialmente, pues éste por disposición de norma expresa no puede superar los 90 días–, pero que, además, la funcionaria interina se convirtió en defensora de los intereses del gobierno, cuando la finalidad de la defensoría es, precisamente, defender a los ciudadanos ante los excesos de poder, es decir contra el poder del Estado administrado por el gobierno.
Habiéndose cumplido el plazo de ejercicio de la Defensoría, la Asamblea Legislativa convocó a postulantes para ocupar esas funciones establecidas en la Constitución, para lo que se conformó una comisión constituida por oficialistas y opositores, para la selección de los candidatos. Como estaba previsto, no se presentaron personalidades del mundo académico-intelectual, debido a la poca credibilidad que se tiene en los asuntos públicos, manejados por los políticos, pues estas convocatorias suelen ser sólo actos procedimentales, pues la persona a nombrarse ya está elegida de entre los serviles al poder.
La tal comisión seleccionó a unas decenas de postulantes y de los que llegaron a la última etapa, se seleccionó a unos pocos, pero en la última parte del proceso se excluyó a algunos profesionales que demostraron idoneidad en conocimientos sobre la materia de Derechos Humanos, dejando a algunos de supuesta preferencia política partidaria del oficialismo, lo que determinó el retiro de los miembros de la comisión de los partidos de oposición de la comisión.
Los varios intentos de lograr los dos tercios para nombrar al Defensor del Pueblo fracasaron, ante lo cual algunos asambleístas del oficialismo declararon que harían esfuerzos para conseguir que algunos opositores voten por al candidato del oficialismo, denominando “patriotas” a los que se adhieran al candidato oficialista, cuando en verdad resultarían ser tránsfugas.
Lo que sucede es que, según criterio de algunos asambleístas, en especial de los representantes de los cocaleros del Chapare, ser patriota es ser tránsfuga, es decir que por las prebendas, pasa de una posición a otra, de un partido a otro, lo que resulta no solo una total ausencia de ética política, sino de ética civil, pues estos asambleístas fueron elegidos por el voto de los ciudadanos para que representen su posición ideológica política, en este caso de oposición y no para que se cambien al oficialismo. En otros términos, la conducta de estos asambleístas es el equivalente a una traición a sus electores.
La supuesta confusión entre patriotas u oficialistas responde a la cultura política del populismo, pues creen que todo lo que dicen y hacen es en beneficio de la Patria, cuando en realidad están al servicio de un grupo de gente que se ha hecho del poder para gozar del mismo y hacen de todo para mantener sus privilegios de poder.
El patriotismo es el amor y servicio a los intereses de la Patria, es decir al país donde se ha nacido, el mismo que tiene historia, cultura y elementos que le particularizan. El amor y servicio a la Patria por encima de ideologías, partidos e intereses de grupo, es de patriotas. Nuestra historia está llena de patriotas, desde los que lucharon incansablemente por la independencia, por la construcción de la Patria y la conservación de su territorio, en las tantas guerras por defender la heredad nacional, aun en circunstancias adversas, entregando sus vidas, haciendas y hasta familia.
En estos tiempos que vivimos de crisis de valores, son precisamente los valores patrióticos los que han de hacer que superemos los odios políticos, regionales, supuestamente raciales, clasistas y de toda índole, que nos hacen daño. Todos los bolivianos unidos en rededor de nuestros símbolos históricos, demos “todo por la Patria”.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.