La Constitución Política del Estado en su artículo 114.I expresa: “Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley”. El Art. 115.II se refiere al debido proceso, mientras que el Art. 116.I habla de la presunción de inocencia.
Marco Antonio Aramayo fue nombrado como Director del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originario y Comunidades Campesinas, por Luis Arce, entonces Ministro de Economía. Aramayo denunció actos de corrupción en 2013, por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, apuntando a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, como Presidenta del Directorio del Fondioc. La primera denuncia fue acerca de que aprobó Bs.575 millones en la campaña electoral de 2014, además que la dirigente Juanita Ancieta (hoy gobernadora de Cochabamba) hizo pedidos personales para obtener recursos destinados a la posesión de Morales en Tiwanaku. Lo cierto es que nunca se garantizó el debido proceso y la presunción de inocencia de Aramayo cuando denunció el desfalco de 170 millones de dólares, por los dirigentes del Pacto de Unidad. Y cuando alertó sobre el mayor escándalo del régimen de Morales Ayma, comenzó su tortura judicial y el abuso del poder político.
Según DS 28.571 de 2005, el Directorio estaba compuesto por la ministra Achacollo, Luis Arce, otros tres ministerios y los dirigentes del Pacto de Unidad. La Fiscalía con base en informes de la Contraloría abrió 153 proyectos que NO FUERON ejecutados, o presentaron desembolsos irregulares entre 2010 y 2014. Los dirigentes del Pacto de Unidad recibieron recursos del Estado en sus cuentas PARTICULARES, autorizados por Luis Arce cuando era Ministro de Economía. Son 86 los casos de personas que recibieron recursos, como Julia Ramos, Felipa Huanca, Adolfo Machaca, Damián Condori, Rafael Quispe y otros, por lo que suman 400 implicados disfrutando de nuestro dinero.
Al Ejecutivo no le gustó que un masista se rebele y denuncie CORRUPCIÓN, le dieron muerte civil en los medios. Por su parte, el Poder Judicial, sometido al poder público, obedeció alargando e inventando procesos judiciales para tenerlo preso, amedrentándolo a él y su familia para que se retracte. La Policía incurrió en torturas físicas golpeándolo, viajó esposado, hubo tortura biológica al privarle de alimentos, agua y medicamentos durante horas, y tortura psicológica con amenazas, extorsiones, insultos y humillaciones y “obligándole a viajar enfermo de Covid 19”, estando con detención preventiva durante 7 años.
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) apuntó al Aparato Judicial. NUNCA han iniciado siquiera una debida investigación sobre las numerosas irregularidades del caso Fondo Indígena, exculpando a los verdaderos “dirigentes” que se apropiaron de recursos del Estado. En enero de 2015, cuando Aramayo fue aprehendido en la cárcel de Cobija en calidad de detenido preventivo, empezó con un juicio, luego crearon 86 procesos, con 27 cautelares. Tuvo que asistir a incontrolables audiencias y pernoctar 56 veces en cárceles de todo Bolivia, declaraba Aramayo en 2019. El 14 de abril, Aramayo fue internado en el Hospital de Clínicas con un cuadro de insuficiencia respiratoria, paro cardíaco y posterior daño neurológico, «No había ni siquiera papel para hacerle el electrocardiograma y no le brindaron cobertura del SUS por ser privado de libertad». El pasado fin de semana ingresó en coma diabético y fue derivado al Hospital Municipal de Cotahuma, donde falleció.
El Directorio conformado por cinco Ministerios con voz y voto tienen responsabilidades por tal hecho, conjuntamente los representantes del “Pacto de Unidad”. Lamentablemente, las autoridades y algunos dirigentes procesados fueron beneficiados con medidas sustitutivas o luego de permanecer poco tiempo en prisión preventiva, hoy fungen como autoridades y algunos son embajadores, en completa impunidad. Exigimos al gobierno recuperar el dinero del pueblo porque las deudas al Estado NO PRESCRIBEN y que el castigo sea ejemplar.
Angélica Siles Parrado, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.