Acorralado por la desvergonzada violación de normas legales que tienen que ver con el interinato de altas autoridades del Estado, el Gobierno ha dado largas a la elección de una nueva autoridad que goce de la legitimidad que Nadia Cruz carece. La pérdida de dos tercios con los que en el pasado hizo lo que quiso el gobierno de Evo Morales en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha aplazado todavía más la institucionalización de esa autoridad. El Movimiento Al Socialismo, no obstante los ardides empleados por sus legisladores para burlar los dos tercios en todos los casos en que les fue posible hacerlo, y en un periodo en que ellos consideran inconstitucional, ya no tienen posibilidad constitucional de elegir a su antojo a esa autoridad. Sin embargo, podemos estar seguros de que en el corto plazo el partido de Evo Morales de todas maneras revalidará a un militante suyo —aunque no lo sea formalmente—, porque ese es el método de siempre: el del engaño y la ventaja antidemocrática a la que siempre le ha echado mano.
Pero, ¿fue siempre así la institución del Defensor del Pueblo en Bolivia? Claro que no, porque en su más o menos corta historia, la primera autoridad que ocupó ese despacho fue Ana María Romero de Campero, quien no se prorrogó un día más de su periodo constitucional, trabajó con capacidad y ética y quien denunció el desconocimiento de los derechos humanos, para reconvenir con valentía al poder político cada vez que este pisoteaba los derechos ciudadanos del pueblo.
Ana María, de un peso moral comparable solo al de los grandes hombres y mujeres que dio la historia nacional —que, dicho sea de paso, no fueron muchos—, fue una intelectual de pensamiento liberal, y en consecuencia practicante a ultranza de la democracia que hizo que una trayectoria impoluta desde la esfera académica y del periodismo, se inmiscuyera en las profundidades de la política nacional, entendiendo que, conforme ella misma lo expresara, para cambiar las cosas hay que involucrarse en ellas, dejando de ser parte del coro de la tragedia griega en que solo se tira piedritas a las ventanas del poder: comprometerse en la búsqueda de grandes soluciones a los enormes problemas que azotan al país.
Su elección como senadora nacional por la sigla del MAS fue solo un accidente de su corta carrera política, porque sus convicciones ideológicas y su visión de desempeñar el poder distaban en mucho de las que años después Evo Morales impuso en su mandato. El destino no le dio tiempo ni siquiera de enterarse del rumbo político que emprendieron sus ocasionales auspiciadores.
Pero a la Defensoría del Pueblo luego vinieron Waldo Albarracín, quien demostró que, por sus antecedentes en la lucha política desde cuando era estudiante universitario y su paso por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, no estaba dispuesto a deshonrar el ejercicio impecable de su antecesora. Fue una buena autoridad, pero tenía la sombra de esa paladina de las libertades.
Rolando Villena, que fue defendido con uñas y dientes por el MAS en el Parlamento para el cargo, pronto demostró al país que no tenía planes de enlodar ese instituto de la democracia haciéndole el juego al Gobierno, y se erigió en una figura descollante para la defensa de los derechos humanos y la denuncia de las arbitrariedades del Gobierno.
Luego de un desempeño casi bufo de otro militante masista, se impuso el interinato de Nadia Cruz, quien desde entonces hasta ahora no ha demostrado otra cosa que su sometimiento descarado a quienes le favorecieron con su cargo, y como las cosas de la política se manejan en el país de manera tan truculenta, a nadie le extrañe que le revaliden su designación, lo que significaría que con dos tercios o con simple mayoría el régimen tendría un aliado incondicional en la Defensoría. Mas una cosa es segura: quien sea designado será un militante encubierto del MAS.
El autor es jurista y escritor.