El Grupo Acción Financiera (GAFI) es una institución creada en 1989 en París, Francia, por el grupo de los 7 para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y financiación del terrorismo, por el incremento del narcotráfico y las sustancias controladas que crecieron a tal grado que afecta al sistema financiero, porque realiza el blanqueo de capitales con la adquisición de inmuebles, empresas. Luego esa actividad se amplió a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas del narcotráfico y los estupefacientes, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras acordaron velar para el cumplimiento de los estándares para prevenir, detectar y judicializar estos delitos en el mundo.
Luego se creó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), conformado por Bolivia y otros 16 países, que ha ido evolucionando en función del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, compuesto por China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y otros 10 miembros no permanentes. Primero se plantea luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas, luego tomó cuerpo el tema del financiamiento de armas para el terrorismo, con la Resolución Nº 2368. En cuanto al terrorismo, hay una lista de sanciones y sancionados por el Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, 260 personas y 89 entidades internacionales. En el GAFILAT se debe aplicar medidas para proteger al sistema financiero de estos delitos, en el momento de tener alguna relación comercial o instituciones que pertenezcan a países incluidos en la “lista negra”.
En el BID están en la lista por prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas y obstructivas: Argentina, Chile y Venezuela, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Jamaica, México y Perú. A las entidades inhabilitadas se las declara inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el BID.
Ante la autoevaluación que se debe realizar en noviembre en el Estado boliviano, vienen del GAFILAT para ver si cumplen con el mandato del FMI y el BM y el gobierno de Arce está desesperado por lograr que las “leyes malditas” sean aplicadas, para satisfacer los requisitos del FMI. Y una de las recomendaciones es que PRIMERO debe haber justicia independiente.
Por la crisis económica que vive Bolivia, Luis Arce trató de colocar bonos por 3.000 millones de dólares y como no consiguió su propósito, entonces recurre al brazo financiero del “Imperio”, para solicitar PRÉSTAMOS del FMI y al BM, porque pretende sustentar su gestión con préstamos para cubrir las “inversión pública” y seguir engañando al soberano con obras fantasmas para satisfacer a sus “movimientos sociales”, con las prebendas a las que los acostumbró cuando era Ministro de Economía en el gobierno de Morales.
EL gobierno de Arce no solo quiere meter la mano al bolsillo del pueblo trabajador que genera ingresos, sino legitimar la persecución política y tapar los casos de 89 muertos y 120 heridos en la gestión de 14 años de Morales. Y además con el ministro Castillo están preparando una lista de personas que “supuestamente se presume” financian el terrorismo, para congelar sus cuentas, grabar y confiscar sus bienes sin necesidad de NOTIFICAR. Pero nada dicen de la compra de autos de marca Lamborghini en el Chapare (cada uno cuesta 100.000 $us), las mansiones de millones de dólares, y sobre todo se olvida que las empresas estatales deben $us.6.000 millones, sin control para reducir la ineficiencia y el despilfarro. Por el contrario, siguen financiando para cubrir el déficit.
Como no cuentan con recursos frescos, quieren meter mano a Adepcoca, una asociación privada que genera ingresos propios y empleo privado. No controlan a dónde va el 92% de la producción de coca en el Chapare, que según el UNODC no cuenta con registros, por tanto, se presume que va al narcotráfico.
Exigimos al gobierno de Arce la abrogación de las leyes INCONSTITUCIONALES, como la 1.386 y las otras leyes nefastas con las que se pretende someter al pueblo. No seremos otra Venezuela ni Cuba. “Morir antes que esclavos vivir”.
Angélica Siles Parrado, Economista, ex Asambleísta Constituyente.