miércoles, mayo 1, 2024
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Buscan postergar la audiencia de Murillo hasta septiembre

Debido a la “inusual complejidad” de los hechos, la Fiscalía de Estados Unidos solicitó la postergación de la audiencia del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, que guarda detención preventiva por lavado de dinero y sobornos, según reporte de la agencia Efe.

Según el documento de la Fiscalía, al que tuvo acceso Efe, la audiencia estaba prevista para el próximo lunes 9 de agosto en una corte de Miami, ciudad de Florida, donde Murillo está detenido desde el pasado 22 de mayo.

La Fiscalía pide que la audiencia sea el próximo 8 de septiembre.

El documento de la Fiscalía fue presentado el sábado pasado y subraya que la demora favorece a la justicia y también a la defensa, que tendrá mayor tiempo para revisar el material.

De acuerdo con la investigación de Estados Unidos, Murillo, su exjefe de gabinete Rodrigo Méndez y tres ciudadanos norteamericanos recibieron sobornos a cambio de direccionar la compra de gases lacrimógenos a la empresa Bravo Tactical Solutions.

Según esos datos, la empresa Bravo cobró al Estado boliviano 5,6 millones de dólares, pero compró los agentes químicos en 2,2 millones a la empresa Cóndor de Brasil, lo cual deja un sobreprecio de más de 3 millones de dólares.

 

GOBIERNO

El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, confirmó este lunes su presencia en la audiencia programada para el 9 de agosto contra Murillo en Estados Unidos.

“Se ha programado para el 9 de agosto (…) no tenemos noticias de la suspensión de esa audiencia y pensamos que está confirmada esa fecha”, dijo.

La El Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la Procuraduría General del Estado (PGE) detalla que el consorcio Greenberg Traurig, de Estados Unidos, fue contratado por Bs 1.740.000 para hacer un “seguimiento exhaustivo” del proceso contra Murillo.

El documento establece una modalidad de contratación directa y con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).

Por otro lado, Chávez manifestó que el pasado jueves presentaron una demanda civil para recuperar los dineros por el daño económico causado por la compra de gases lacrimógenos.

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