Vivimos un tiempo en que cada problema, por pequeño que sea, se agranda por la gravedad que adquieren las enfermedades, como es el caso del coronavirus y estados gripales que se presentan en la población; esto implica que las autoridades de gobierno deban aumentar su atención a los problemas planteados en el país y no dejar que crezcan debido a protestas, paros, manifestaciones y reclamos airados de sectores que creen afectados sus intereses. Estos son los casos, por ejemplo, de conflictos con choferes, no llegada oportuna de vacunas, falta de medicamentos e insumos en las Cajas de Seguro, carencia de algunos artículos de primera necesidad, conflictos regionales de diversa índole y otros que no siempre deben ser atendidos por el gobierno central, sino por las gobernaciones y los municipios.
Desde hace años, se ha hecho costumbre que en cualquier emergencia social, política o económica intervengan los respectivos ministerios –y, en extremos, el mismo Presidente de la república– porque gobernaciones (prefecturas) y alcaldías trasladan los problemas al Poder Ejecutivo alegando falta de dinero, sin explicar mayormente lo ocurrido con los respectivos presupuestos que estas dependencias tengan aprobados y consignados para realización de obras o reparaciones y otros. Estos extremos dan lugar a protestas y reclamos que no siempre son solucionados con carácter inmediato y se espera que sea el gobierno central, a través del respectivo ministerio, que remedie situaciones de conflicto.
Estos hechos determinan pérdida de confianza en el gobierno que, generalmente, tiene endosados problemas que debieron solucionarse conforme se presentaron, evitando acumulación de casos que perjudican cualquier gestión y que complican más la seriedad y confianza gubernamental. Lo importante es que, con miras a evitar complicaciones, se acepta los endosos departamentales y las autoridades deben conocer, estudiar y dialogar para hallar soluciones cuando, a nivel de gobernaciones o alcaldías, esos problemas o conflictos ya son conocidos y avanzadas posibles soluciones.
¿Qué pasa con gobernaciones y municipios que muchas veces se sienten incapaces de estudiar y remediar lo malo ocurrido en campos de su responsabilidad? ¿Por qué, de todos modos, deben esperar que sea el gobierno central el que remedie lo que debía ser atendido en el tiempo debido y por quién corresponde? Todo señala que las organizaciones reclamantes amenazan con huelgas y paros y ante el temor de que se produzcan se prefiere trasladar lo que podría tener fácil tratamiento, mediante el diálogo, con los interesados ¿Hay debilidad en las autoridades? ¿Temor de tratar casos que son de conocimiento general? ¿Incapacidad para conversar y convenir remedios acordes con el interés de cada región? Dar solución a cualquier conflicto o problema planteado debe reponer o acrecentar la confianza del pueblo en la autoridad, especialmente del gobierno central cuyas responsabilidades no se debe descuidar por atender asuntos de injerencia de autoridad departamental.
Es muy importante que tanto las autoridades departamentales como el gobierno no consuman su precioso tiempo en cuestiones que bien pueden ser remediadas en simples etapas de diálogo y evitarse, cada parte, pérdidas de tiempo y hasta económicas con actos traslaticios que no siempre encuentran conformidad de interesados que se acostumbran a que la “autoridad superior” ponga remedios para males que ellos podrían encarar con los debidos conocimientos y financiamiento que oportunamente debió ser presupuestado.