La Constitución Política del Estado en su Art. 18 II expresa que “El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna”. Sin embargo, el aguantArce no acata este mandato, por el contrario, con su novela mal elaborada de Golpe, NO garantiza el acceso a la salud, y la vida del soberano que cada vez se hunde en la tristeza y el dolor por la pérdida de sus seres queridos, de la que será difícil reponerse por muchos años.
Si se compara las estadísticas de junio de 2020, durante la primera ola del covid-19 hubo 16.165 casos y 30 fallecidos, se recogía fallecidos por el virus en las calles, no había cajones y los cementerios estaban colapsados, familiares trasladaban sus fallecidos al área rural. Recordemos que, en 14 años de la gestión pasada, la corrupción alcanzó a una enorme cantidad de dólares, hoy no hay UTIS, ni oxígeno ni medicamentos.
Ya suman 8 los departamentos en los que se agotaron las vacunas. En La Paz, en la Escuela Militar de Ingeniería y el Instituto Americano hicieron filas en busca de vacunación desde las 4 de la mañana. En Santa Cruz se tiene la mayor cantidad de fallecidos y enfermos del virus, y por la falta de vacunas se ha paralizado la vacunación masiva. De 33 se redujo a 6 los centros de atención en la ciudad. Se requiere 3 TN por día en los hospitales, sin embargo, se construye una planta generadora de 720 m2 de 60 cilindros de producción de oxígeno en Villa Tunari, que tiene solo 263.137 habitantes, para abastecer el Trópico y ¿por qué no se hace lo mismo en Cochabamba, que tiene 1.758.143 habitantes, ¿es por venganza o discriminación?
En Bolivia, los familiares viven un viacrucis para conseguir el escaso oxígeno, además de espacios en las UTIS que están colapsadas, las clínicas les dicen que tienen que comprar 10 tubos de oxígeno para garantizar que sus familiares puedan seguir respirando. Y la mayoría trata de conseguir recursos para internar a su familiar con garantía de 10.000 y 5.000 Bs por día por una UTI. Se requiere 4 tubos de oxígeno para cada paciente, tampoco se consigue medicamentos y hay fila de al menos 200 vehículos para conseguir un tubo en las fábricas. Ni el gobierno central ni las Alcaldías o gobernaciones hacen lo necesario. Cochabamba y Tarija están en cuarentena mixta. Para completar este panorama, el personal de salud tarijeño amenaza con parar si no les pagan sus sueldos de 3 meses y no saben si renovarán sus contratos.
El promedio de contagios del virus letal es de 2.800 por día, la media más alta a 10 de junio, cerca de 400.000 contagios y 15.200 fallecidos. Si no se completa la segunda dosis de vacunas, se puede crear nueva variante, más agresiva y se requerirá nuevas vacunas. Para completar este panorama mortal, Sedes detecta 42 niños con el virus letal, 10 de 5 años, y 32 entre 7 y 13 años.
El gobierno de Arce no tiene un plan de prevención y, por lo tanto, no hay certeza de la aplicación de las “segundas dosis”, para 853.000 bolivianas y bolivianos que recibieron en enero la primera dosis de la Sputnik y AztraZeneca, que se debía aplicar después de 21 días. De pronto cambian el plazo a 90 días, para las 625.000 personas que esperan por el refuerzo de la Sputnik y 225.000 que aguardan por la AstraZeneca, haciendo un total de 853.000, pero se desconoce cuándo se recibirá las 228.000 vacunas para la segunda dosis.
AguantArce en vez de gobernar y garantizar la salud al soberano, como establece la Constitución, no asimila la crisis de la tercera ola que estamos viviendo, aunque ya había experiencia por las pasadas dos olas. No hay prevención, las UTIS están saturadas, NO existen medicamentos, el presidente se dedica a sacarse fotos con la llegada de vacunas, como si fueran compradas con su dinero. Siembra odio, persecución, encarcelamiento y división entre bolivianos y bolivianas, siguiendo la política de terror y amedrentamiento de su patrón, el cocalero que nunca respetó la Constitución ni las leyes, mucho menos los derechos humanos.
Exigimos al servidor Luis Arce cumplir el Art. 172 de la Constitución, que establece “El presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución” y evitar que la historia lo juzgue como un cobarde y sumiso ante su patrón.
Angélica Siles Parrado, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.