Parte II
Es que la formación de los abogados es muy precaria e insuficiente. Tiene que ser selectiva desde el comienzo, en cambio ahora se ha abierto el estudio de la abogacía sin limitación a cuanta persona aspira a tan noble carrera. Se han multiplicado las Escuelas de Derecho, más como medio lucrativo para éstas, que por eficiencia académica, porque es tal la afluencia de postulantes, tengan o no vocación; pues se cree, equivocadamente, que es fácil la carrera y, por esta facilidad, el titulado puede hacerse llamar “doctor”, sin merecerlo, y se engrosa así infinitamente el ejército de rábulas, más que de abogados, muchos de los cuales llegarán a ser jueces, magistrados, bastando enfilarse a un partido político o hacerse dirigentes sindicales. Y los jueces así designados son la lacra que envilece la justicia boliviana.
Pero conociendo las causas del descrédito de la justicia, ¿Se acometerá el cambio de ese panorama desolador? Primero que todo habrá que limitar las facultades de Derecho a lo mínimo indispensable, una por capital de Departamento, bajo inflexibles exigencias éticas y culturales de admisión de postulantes, porque no se debe olvidar que el abogado debe ser un humanista, con formación ética y deontológica, para que cumpla a cabalidad su misión. Se podrá cambiar leyes, modificar códigos, pero de nada valdrá si no se mejora al abogado, que debe estudiar a tiempo completo y se debe eliminar el apelativo de “doctor”, que es una farsa que obnubila a los mediocres que desean estudiar Derecho.
Ya vemos que es un remedio muy difícil que podría emplear a una o dos generaciones de universitarios y una férrea voluntad política y social, pero solo así se podrá alcanzar lo que dijo de los abogados ese ilustre abogado español, don Angel Osorio y Gallardo: “cuando sientan el honor y el orgullo de ser abogados, que es una de las cosas más grandes que en el mundo cabe ser”.
Un aspecto esencial e importante, que la reforma judicial debe estudiar, es un sistema judicial que prevea la dotación de Jueces de Paz, para cuestiones de pequeña índole, que sean despachadas inmediatamente, en una sola audiencia. Así, cuánto bien se prestaría a la sociedad mediante la celeridad y seguridad de prestación de algo tan esencial, como es el servicio de la Justicia. Algo prioritario y necesario es también que la administración de Justicia cubra todo el territorio de la República; ya que ésta, en las provincias y áreas rurales es lacerante. De nada serviría cualquier reforma si ésta no comprende que la administración de justicia sea impartida en todo el territorio del país. Esto quiere decir que todos los municipios deben contar con un Juzgado mixto cuando menos y las capitales de provincia deben ser cabeza de Distrito Judicial, con Corte de apelación incorporado. Los que hemos experimentado la labor de pedir justicia en provincias sabemos que este empeño es tortuoso, ímprobo, ineficaz, contra los principios de celeridad y gratuidad que proclaman los códigos.
Finalmente, la reforma judicial debe ser encomendada a una Gran Comisión que esté integrada por los abogados más ilustres y probos del país, en lo posible que no sean políticos, con altísimo prestigio moral; y que sean desechados juristas extranjeros que desconocen nuestra realidad política, económica y social y que solamente succionan elevados presupuestos. ¿Cuánto costaron las misiones de juristas extranjeros que actuaron en las anteriores reformas judiciales? ¿Cuál es su evaluación? ¿Alguna vez se dio cuenta de estos aspectos?
El autor es abogado.
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