Bolivia quiere cambiar su economía, pero todavía intenta hacerlo con un Estado construido para una realidad que ya no existe. Durante años, la disponibilidad de recursos permitió financiar políticas y postergar preguntas incómodas. Hoy regresan: cómo producir más, atraer inversión, generar empleo y hacer que cada recurso público tenga un resultado visible.
Pero hay una pregunta anterior, menos discutida y quizá más decisiva: ¿tenemos las instituciones que necesita esa economía?
Porque una economía no funciona solamente con capital, trabajo, mercados y recursos naturales. También funciona con reglas, permisos, contratos, carreteras, registros, información, coordinación y decisiones públicas. Todo eso parece administrativo hasta que falla. Cuando falla, deja de ser un asunto de oficina y se convierte en un costo económico.
Pensemos en algo sencillo. Un productor que espera meses por una autorización pierde una oportunidad de producir. Una empresa que enfrenta reglas contradictorias incorpora incertidumbre. Un municipio que demora una obra posterga infraestructura. Y un ciudadano que recorre varias oficinas paga con horas de su vida un costo que casi nunca aparece en las cuentas nacionales.
Bolivia suele calcular cuánto cuesta hacer una obra. Pocas veces calcula cuánto cuesta que el Estado no funcione bien.
Ese es el punto que merece ser incorporado al debate económico: las instituciones también producen.
Douglass C. North explicó que las instituciones inciden sobre los costos de transacción y, por esa vía, sobre el desempeño económico. Peter B. Evans mostró, desde el estudio de la transformación productiva, que la capacidad estatal depende también de cómo se organiza el Estado y de su relación con los actores económicos y sociales. La consecuencia práctica es sencilla: cuando una institución hace más difícil, lento o incierto producir, invertir o emprender, afecta la economía; cuando funciona bien, reduce costos.
Por eso la discusión sobre el Estado no debería comenzar preguntando si necesitamos un Estado grande o pequeño. Un Estado puede ser grande y débil al mismo tiempo. Puede tener presupuesto, funcionarios, oficinas y normas, pero ser incapaz de resolver con oportunidad aquello para lo que fue creado.
La pregunta útil es otra: ¿qué puede hacer realmente el Estado y con qué costo?
La coyuntura vuelve esta cuestión concreta. Bolivia enfrenta un programa de estabilización y reformas asociado al acuerdo con el FMI, aprobado por la Asamblea Legislativa por unos 1.900 millones de dólares, con reducción del déficit, disciplina monetaria, régimen cambiario flexible y reformas orientadas a productividad e inversión. La eliminación de subsidios forma parte del ajuste.
Pero una reforma económica puede cambiar precios, impuestos o reglas. Si las instituciones encargadas de aplicarla siguen funcionando de la misma manera que en el anterior gobierno, una parte de sus beneficios puede perderse en el camino.
Aquí aparece otro asunto central: las autonomías. En agosto, el Gobierno nacional y los nueve gobernadores acordaron la Agenda 50/50, que plantea revisar la distribución de recursos, las competencias y la situación financiera de las gobernaciones, además de fortalecer su gestión y coordinación.
El debate no puede reducirse a cuánto dinero recibirá cada nivel de gobierno. También debe preguntarse qué podrá hacer con esos recursos, con qué equipos, con qué reglas, con qué información y con qué responsabilidad sobre los resultados. Descentralizar responsabilidades sin construir capacidad puede terminar distribuyendo frustraciones.
La parte práctica del cambio de Estado no consiste en crear o cerrar ministerios, ni en aprobar otra ley. Consiste en revisar cómo se toman las decisiones, cuánto tardan, quién responde, qué información las sustenta y qué ocurre cuando una política fracasa.
Una institución madura no es la que nunca se equivoca. Es la que puede detectar el error a tiempo, corregirlo y evitar que se convierta en una costumbre.
Esto importa especialmente cuando los recursos son escasos. Cuando sobra dinero, algunas deficiencias institucionales pueden quedar ocultas detrás del gasto. Cuando el margen fiscal se reduce, cada demora, duplicación, trámite innecesario, mala coordinación o decisión equivocada adquiere un precio.
Ahí está la relación profunda entre cambiar la economía y cambiar el Estado. No son dos reformas separadas. Una economía que busca diversificarse, producir, invertir y generar empleo necesita instituciones que hagan esas actividades más previsibles, menos costosas y más posibles.
Cambiar el Estado no significa necesariamente tener más funcionarios ni gastar menos por definición. Significa conseguir mejores resultados con los recursos disponibles: transferir competencias con condiciones para ejercerlas y construir reglas claras, estables y aplicables.
El indicador de una institución no debería ser cuántos trámites procesa o cuánto presupuesto administra, sino qué problema resuelve, cuánto tiempo necesita y qué resultado obtiene la sociedad.
Esa mirada también cambia la conversación sobre la economía. Ya no basta con preguntar cuánto producimos. Hay que preguntar cuánto nos cuesta producir bajo determinadas reglas. Ya no basta con medir cuánto invierte el Estado. Hay que observar cuánto tarda esa inversión en convertirse en una carretera, un hospital, una escuela o una oportunidad productiva. Ya no basta con discutir recursos. Hay que mirar la capacidad institucional que convierte esos recursos en resultados.
Entonces, ¿cambiar la economía o cambiar el Estado?
Ambas transformaciones están conectadas. Si Bolivia quiere una economía distinta, necesita instituciones distintas: no necesariamente más grandes, sino más confiables y capaces de cumplir su función, con reglas claras y responsabilidades definidas.
Porque el Estado no solamente administra la economía. También puede abaratarla o encarecerla.
Y aquí está la idea que deberíamos empezar a discutir con mayor seriedad: Bolivia no solo necesita producir más. Necesita que sus instituciones dejen de producir costos innecesarios.
Las instituciones también producen. Cuando funcionan, producen tiempo, confianza, inversión y resultados. Cuando fallan, producen costos. Y esos costos, aunque no aparezcan en ninguna factura, terminan pagándolos todos.
El autor es analista político y económico, ex Rector de la UMSA.