Hasta ahora, gran parte del debate sobre la eliminación de subsidios se ha concentrado en el diésel y la gasolina porque representan una carga fiscal significativa. Sin embargo, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) tiene además una característica distinta, es probablemente el subsidio con mayor sensibilidad social.
En el caso del diésel, la experiencia reciente parece mostrar que si el precio se acerca al valor de mercado desaparece gran parte del incentivo al contrabando inverso y al acaparamiento. La gasolina y el GLP presentan una lógica similar, mientras exista una brecha significativa entre el precio subsidiado y el precio internacional, seguirá existiendo un incentivo para que operadores informales desvíen el producto hacia mercados donde pueden venderlo más caro.
El GLP afecta directamente a la preparación de alimentos y el funcionamiento cotidiano de millones de hogares especialmente de bajos ingresos. Por ello, un problema de abastecimiento tiene un costo político y social mucho más elevado.
Una garrafa de GLP cuesta Bs 22,50 en Bolivia y se paga a más de Bs 100 en Perú. Si hablamos de una garrafa de GLP que cruza ilegalmente hacia la frontera con Argentina, el cálculo económico es bastante revelador, se han reportado costos entre Bs 150 y Bs 200 por una garrafa de GLP boliviana. Si algunos especialistas estiman precios en el mercado interno cercanos a Bs 120 por garrafa de GLP sin subsidio, entonces la brecha es enorme y es precisamente la que crea el incentivo para el contrabando inverso.
Más interesante aún es que el mercado ya está revelando parcialmente esa escasez. En La Paz y El Alto se reportan reventas por encima de Bs 40 por garrafa. Desde la óptica económica, eso es una señal clásica: El mercado paralelo suele anticipar el precio de equilibrio antes de que lo reconozca la regulación.
Aunque el Gobierno asegura que el subsidio al GLP permanecerá intacto al menos hasta después de 2027, un desabastecimiento persistente podría obligarlo a reconsiderar esa postura antes de lo previsto. Hasta el momento la estrategia se ha basado en una represión al contrabando. Sin embargo, esta medida apunta a los síntomas y no a la causa de fondo: la diferencia entre el precio subsidiado en Bolivia y el valor de mercado en los países vecinos.
El Gobierno ha manifestado su intención de reemplazar gradualmente el subsidio generalizado por un esquema focalizado dirigido a los hogares más vulnerables. Si bien esta medida podría aliviar el impacto sobre los sectores en situación de pobreza y pobreza extrema, el riesgo de una focalización excesivamente estrecha es confundir pobreza con vulnerabilidad. Entre ambos conceptos existe una amplia franja de hogares que, sin ser considerados pobres extremos ni beneficiarios de programas sociales, viven con presupuestos ajustados y dependen del GLP para cubrir necesidades básicas. Para estas familias, un incremento significativo en el precio de la garrafa de gas puede representar una pérdida importante de bienestar, aun cuando estadísticamente no formen parte de la población más pobre.
La experiencia internacional muestra que la focalización del subsidio no necesariamente implica mantener un subsidio directo al producto. En muchos países se han utilizado mecanismos alternativos orientados a proteger a los hogares sin distorsionar el precio de la energía, por ejemplo, vales energéticos para cubrir parte del consumo básico o tarifas diferenciadas según niveles de consumo. Estas herramientas buscan preservar el acceso a servicios esenciales sin generar los incentivos al contrabando, el acaparamiento y el sobreconsumo que suelen acompañar a los subsidios.
Existe además un riesgo que suele pasar desapercibido en los diseños de subsidios focalizados. Los sectores de ingresos bajos y medios están conformados en gran medida por gremiales, transportistas, taxistas, maestros, trabajadores por cuenta propia y pequeños emprendedores. Un segmento amplio de la sociedad cuya capacidad de organización y movilización es significativo, un aumento sustancial en el precio del GLP sin mecanismos adecuados de compensación podría generar resistencia social a las medidas de ajuste.
La experiencia internacional muestra que los programas de estabilización fracasan con frecuencia no por errores técnicos, sino porque los costos recaen sobre grupos sociales lo suficientemente amplios como para bloquear políticamente las reformas.
La sostenibilidad de las reformas también depende de que los costos sean percibidos como distribuidos de manera justa. Cuando amplios sectores de ingresos bajos y medios sienten que soportan una carga desproporcionada, la resistencia social puede terminar comprometiendo los objetivos mismos de la estabilización.
Cuanto más se retrase la discusión, mayor es la probabilidad de que la decisión termine siendo impuesta por la escasez y no por la planificación económica. Esa suele ser la diferencia entre una reforma ordenada y una reforma forzada por la realidad.
El autor es economista.