El sector hidrocarburífero de Bolivia transita por su hora más crítica. A punto de cumplirse el primer año de gestión del gobierno de Rodrigo Paz, la postergación de una nueva Ley de Hidrocarburos mantiene en vilo al aparato productivo y amenaza con transformar al país, en cuestión de meses, en un importador neto de gas natural. Así lo advirtieron de manera coincidente figuras clave del sector en un reciente análisis del programa Economía y Empresa: el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, el analista y ex ministro del área Mauricio Medinaceli, y la viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio.
La radiografía expuesta por las autoridades y expertos es lapidaria. La producción nacional de gas natural, que en su pico histórico de 2014 rondaba los 61 millones de metros cúbicos día (MMm³d), se desplomará hasta cerrar este año entre los 25 y 26 MMm³d. Las proyecciones técnicas apuntan a que entre finales de 2027 y principios de 2028 el volumen caerá hasta los 14 MMm³d, un umbral fatídico en el cual la producción nacional apenas alcanzará para cubrir la demanda interna prioritaria. A partir de ese momento, el país se verá obligado a importar gas natural, una tarea titánica y sumamente costosa debido a las limitaciones de infraestructura logística en los países vecinos, como Argentina.
El peso de la mora legislativa y el nudo fiscal
El principal escollo radica en que la propuesta de una nueva ley (enfocada en flexibilizar el régimen fiscal, ajustar el government take para hacerlo competitivo frente a la región y adecuar los contratos a las realidades de cada campo) lleva meses estancada en el Ministerio de Economía. Mientras las carteras de Estado debaten los costos del «sacrificio fiscal» a corto plazo, el tiempo corre en contra. Los especialistas advierten que dilatar la norma encarecerá exponencialmente el futuro económico del país, proyectando una factura por importación de energéticos (combustibles y gas) que podría superar los 6.000 millones de dólares anuales hacia 2030 si no se reactiva de inmediato la exploración privada.
A este panorama se suma la insolvencia operativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), arrastrada por deudas históricas con las pocas empresas petroleras operantes en el país, demandas internacionales como la planteada por Shell, y una cadena de comercialización en el downstream e infraestructura de transporte con enormes capacidades ociosas. Para los expertos, la actual estructura legal funcionó como un «terno de una sola talla» que ahogó tanto a los campos marginales como a los gigantescos, desincentivando cualquier inyección de capital extranjero.
Una carrera contrarreloj
La urgencia de aprobar una nueva normativa no responde a un cálculo político, sino a una necesidad de supervivencia macroeconómica. Sin incentivos claros, sin la regularización de pasivos con las operadoras y sin una apertura gradual del mercado de combustibles y exploración al sector privado, la economía boliviana se encamina hacia un racionamiento energético inevitable que afectará a industrias, comercios, transporte y hogares. El mensaje de los analistas y la propia viceministra es unánime: el costo de postergar la ley hoy se pagará mañana con la pérdida definitiva de la soberanía energética y la asfixia total de las arcas públicas.
