Quince países que participan en el Escudo de las Américas anunciaron su intención de aplicar medidas financieras, migratorias y penales contra 24 organizaciones que identifican como narcoterroristas, como primera acción conjunta de una estrategia regional sustentada en tres ejes: economía, seguridad y coordinación multilateral.
La declaración fue difundida tras una reunión celebrada en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y fue respaldada por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
Los gobiernos señalaron que las medidas deberán adoptarse conforme a sus respectivas obligaciones jurídicas internacionales y legislaciones nacionales.
En el área económica, los participantes plantearon profundizar la cooperación, estudiar mecanismos de control de inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes diversificadas y confiables y promover normas para proveedores de confianza de infraestructura digital, aplicadas sin discriminación.
La declaración sostiene que una seguridad duradera también depende del desarrollo económico, empleos estables y oportunidades para la población, y plantea que el capital que ingresa a los países debe ser transparente y verificable como parte de la protección de la soberanía económica.
En seguridad, los Estados expresaron su intención de coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras contra terroristas y delincuentes, fortalecer las fuerzas civiles de seguridad y proporcionar asistencia humanitaria y apoyo de comunicación para proteger la voluntad popular frente a redes armadas que califican como narcoterroristas.
El tercer pilar busca reforzar el respeto a la soberanía y la autodeterminación de cada Estado mediante una mayor coordinación en organismos multilaterales. Entre los objetivos figuran impulsar acciones internacionales de aplicación de la ley contra organizaciones criminales transnacionales y promover reformas en organismos multilaterales.
Los países también prevén incrementar el intercambio de inteligencia, facilitar cuando corresponda el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad, ampliar la capacitación y desarrollo profesional de personal y compartir mejores prácticas. A ello se sumará una mayor cooperación en inversiones y asuntos económicos y la coordinación de posiciones comunes en organismos regionales e internacionales.
Como primera acción conjunta, los integrantes del Escudo de las Américas declararon su intención de aplicar, cuando corresponda, congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visas para miembros, asociados y simpatizantes de las organizaciones identificadas, además de responsabilidad penal para quienes proporcionen deliberadamente apoyo material o logístico.
Las medidas se concentrarán en: Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos, Los Choneros, Barrio 18, Cártel de los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Chone Killers, Los Viagras, Cártel de Juárez o La Línea, grupos disidentes de las FARC, incluidos FARC-Estado Mayor Central y FARC-Segunda Marquetalia, además de sus alias, afiliados y grupos sucesores, Ejército de Liberación Nacional (ELN), Sendero Luminoso y Los Tiguerones.
La declaración precisa que las 24 organizaciones serán objeto de esta primera acción independientemente de la denominación que reciban en cada uno de los países participantes.
Como parte del mecanismo regional, los Estados anunciaron además que prevén suscribir una solicitud dirigida al presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para convocar una reunión de consulta y decidir la creación de un Órgano de Consulta conforme a los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR o Tratado de Río.
Si la reunión es convocada, los países participantes prevén acudir a nivel ministerial para analizar una resolución destinada a promover y facilitar acciones colectivas contra las organizaciones identificadas.
Los Estados del Escudo de las Américas que actualmente no son parte del TIAR también respaldaron la iniciativa y expresaron su disposición a contribuir de acuerdo con sus obligaciones jurídicas y dentro de los límites permitidos por las normas del mecanismo.
Bolivia se encuentra en esa situación: denunció el TIAR en 2012 y el tratado dejó de estar vigente para el país el 17 de octubre de 2014. Por ello, una eventual participación boliviana en el Órgano de Consulta dependerá de lo que permita su reglamento.
La iniciativa busca coordinar instrumentos financieros, migratorios, policiales, tecnológicos, de inteligencia y diplomáticos frente a las 24 organizaciones, al mismo tiempo que amplía la cooperación de los países participantes en seguridad, inversiones, minerales críticos e infraestructura digital.