Análisis técnico debe definir posible ampliación del estado de excepción

Tras la determinación de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, respecto a aprobar una Resolución Camaral que plantea autorizar previamente una ampliación para el actual estado de excepción, la diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Catherine Pinto, señaló que la iniciativa debe analizarse técnicamente, siempre anteponiendo el bienestar de la población.
En criterio de la legisladora paceña, es importante conocer todos los argumentos que motivaron la aprobación de la iniciativa, incluso antes de que el propio Órgano Ejecutivo se haya pronunciado oficialmente solicitando una prolongación de la medida en cuestión.
“Lo que se debe ver son cuáles han sido los fundamentos con los que se ha sustentado la aprobación de esta resolución en comisión, y en base a eso se procederá con el respectivo debate en el pleno camaral, si es necesario, o no, la ampliación del vigente estado de excepción, tomando en cuenta que esta medida no puede ser la regla sino una excepción”, dijo.
Pinto apuntó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) siempre debe velar por el bienestar de la población, teniendo en cuenta que el texto de la Constitución Política del Estado (CPE) establece una serie de derechos y obligaciones para los ciudadanos bolivianos, por lo que cualquier debate debe centrase en ese tema.
Asimismo, advirtió que, si la motivación de los miembros de la Comisión de Justicia Plural tiene que ver con los anuncios y amenazas de nuevas movilizaciones y bloqueos una vez que finalice la vigencia del actual estado de excepción, dicha posibilidad también deberá tomarse en cuenta por el pleno de la Cámara Baja, junto a los respectivos criterios técnicos establecidos por la norma.
“Se debe conocer el sustento técnico con el que se ha aprobado, porque debe haber una motivación, si la justificación son solamente las amenazas vertidas en las últimas semanas, habrá que analizarlo también. Yo creo que el bien mayor es el bienestar de la sociedad en su conjunto”, explicó la diputada.
Consultada por la posibilidad de que una eventual ampliación del estado de excepción pueda interferir en el proceso de reforma constitucional que actualmente se impulsa desde la Asamblea Legislativa y por iniciativa de distintos actores políticos, Pinto recordó que todo cambio en el texto constitucional debe ser aprobado vía consulta popular y que el análisis de las modificaciones tomaría varios meses antes de un referéndum vinculante.
“Si bien se pueden tratar estas reformas en la ALP, todo tendrá un cauce y no creo que estas reformas se hagan en semanas sino en meses. Esto tiene que terminar en un referéndum donde el pueblo mismo va decidir si está de acuerdo o no con las reformas, hasta ese momento ya puede terminarse este período de ampliación”, aseveró.
El pasado jueves, durante la 26 sesión ordinaria de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, presidida por el diputado Omar Antonio Muriel, se aprobó una Resolución Camaral en la que se plantea la autorización previa, excepcional y condicionada para una eventual ampliación del estado de excepción por un período de hasta 90 días.
La iniciativa legislativa está fundamentada en la Constitución Política del Estado, la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
La resolución fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectiva revisión, con la recomendación de declarar su viabilidad y aprobarla.
Desde la alianza Libre, la jefa de bancada de esta organización política en la Cámara de Senadores, Tomasa Yarhui, apuntó que la norma establece que el Órgano Ejecutivo es el único facultado para solicitar dicha ampliación, previa presentación de un informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el que se detalle los motivos de la determinación y la forma en que se hizo uso de sus facultades constitucionales durante este período de tiempo.
En ese sentido, cuestionó que, hasta la fecha, el presidente no se haya presentado ante la ALP para explicar cómo se aplicó la primera etapa de la medida, pues sin esa información no corresponde avanzar en ninguna ampliación.
Para la diputada oficialista Claudia Bilbao, la ampliación del estado de excepción permitirá no retroceder en la estabilización del país, ni ceder a la presión de sectores interesados en la ruptura del orden constitucional. “Esta medida va continuar porque varios legisladores respaldamos una ampliación”, sostuvo.